Un millón de personas fueron registradas en el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (Renatep) desde abril de 2021. Así, hasta el último febrero totalizaban 3.200.000 los inscriptos, un número que cuantifica el avance de la degradación del trabajo y la precarización laboral en un cuadro de catástrofe social sin precedentes.

Referentes de la Utep aseguran que en total serían más de siete millones estos “trabajadores de la economía popular”, término utilizado para embellecer la situación de todos aquellos que carecen de un trabajo en blanco o ingresos estables. El registro en cuestión arroja que en esta situación casi el 60% son mujeres, y a su vez el 64% son menores de 35 años. Esto va en consonancia con las últimas cifras del Indec, que revelan que el desempleo se duplica entre la población de menos de 30 años respecto del índice general.

El crecimiento del Renatep no solo refleja un mayor empadronamiento, como sostienen desde la Utep, sino a que evidentemente ningún trabajador pudo salir de este cuadro de precarización laboral o de la necesidad de recurrir a changas. La reactivación económica de la que tanto habla el gobierno se basa en esta mayor explotación de la fuerza de trabajo, no en mayores oportunidades.

Tanto es así que estas organizaciones sociales integradas al Estado comunicaron que movilizarán el Día Internacional del Trabajador no para reclamar trabajo genuino bajo convenio y plena garantía de derechos laborales, sino únicamente el pase de estos empleados informales al “monotributo productivo”. Es una versión “popular” de la política de empresas como Rappi y Pedidos Ya que obligan a su plantel a inscribirse como monotributistas para encubrir una relación de dependencia, lo que se denomina fraude laboral. Con esta base se engloba a cualquier emprendimiento de supervivencia o incluso el trabajo en negro dentro de la categoría de cuentapropistas. Es la formalización de la degradación de las condiciones laborales de millones de personas.

En la Argentina del pacto con el FMI no hay perspectiva de empleo genuino ni de desarrollo. Son reivindicaciones que exigen una lucha decidida contra el ajuste y los ataques patronales. Los movimientos sociales oficialistas adornan su negativa a dar esa pelea con un discurso que embellece el empobrecimiento creciente de amplias franjas de trabajadores.

El nuevo millón de trabajadores de la “economía popular” debe llamar la atención de la población laboriosa, cuando la informalidad pretende ser incluso formalizada con las reformas laborales en puerta. Necesitamos acceso al mercado de trabajo con salarios acordes a la canasta básica familiar y el respeto de los convenios colectivos y derechos laborales.

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