Uno de los primeros actos de gobierno de Alberto Fernández fue la rejerarquización del Ministerio de Trabajo -MTEySS-, degradado por Macri a la categoría de una “Secretaría” del Ministerio de Producción. No obstante, lejos estuvo de traducirse en una reactivación de políticas públicas. Luego de tres meses, la llegada del coronavirus a nuestro país encontró un MTEySS en virtual parálisis: cargos de dirección vacantes, escasez de financiamiento, programas de empleo y capacitación laboral interrumpidos, metas de inspección laboral sin definición. En paralelo, se sostuvo la precarización de sus trabajadores -casi la mitad sigue contratada bajo modalidades “precarias”-. Incluso más, fueron designados ex funcionarios con denuncias por persecución laboral y vaciamiento, y hasta se dejó trabajadoras tercerizadas en la calle al promover un cambio de empresa de limpieza en la sede La Matanza.

Pero la pandemia también encontró un MTEySS enfocado en defender los intereses del gran empresariado; mientras el salario seguía licuándose frente a la inflación y los despidos y suspensiones se multiplicaban pese a la “doble indemnización”, el ministro Claudio Moroni se paseaba por los medios justificando los “aumentos” de salario vía “suma fija” -clara política de suspensión de paritarias y ajuste salarial- e instalando la conveniencia de subir la edad jubilatoria, es decir, oficiando de portavoz de la “agenda” de la Unión Industrial Argentina.

En definitiva, es la orientación del propio Gobierno Nacional, que sigue postergando su política económica y hasta el presupuesto 2020 a una definición de la “reestructuración” con el FMI, bonistas y demás acreedores -mientras se les sigue pagando al pie de la letra: casi 175.000 millones de pesos en lo que va del año-. Toda una confesión de que el trabajo, la salud, la educación y la vivienda vienen detrás de los intereses del mercado financiero internacional y los organismos de crédito. 

Las “tareas esenciales” del MTEySS durante la pandemia

Con la declaración del aislamiento obligatorio, y tras exponer a sus trabajadores a trabajar sin elementos de protección, el MTEySS dispuso la continuidad de una serie de tareas propias que juzgó “esenciales”. La mayoría de tipo administrativo u operativo corrientes. En contraste, muy pocas para intervenir en la crisis: liquidación de planes y programas de empleo, el “Procedimiento Preventivo de Crisis” y el “Programa de Recuperación Productiva”.

Respecto a los planes y programas de empleo, ya se ha descripto la continuidad del paisaje de vaciamiento y parálisis que dejó Macri, quien transfirió la mayoría de las líneas de trabajo al Ministerio de Desarrollo.

El Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) es un trámite establecido por la Ley 24.013 de flexibilización laboral menemista, obligatorio como requisito previo para despedir masivamente en el sector privado. Aunque, en concreto, es una herramienta muy limitada para frenar despidos: no abarca la totalidad de despidos masivos -depende del número de trabajadores de la empresa y de trabajadores afectados-; no hay obligación de abrir libros contables; la empresa puede seguir con la medida en caso de no llegar a un acuerdo; no hay laudo vinculante del MTEySS. Además, sobran ejemplos de despidos sin PPC luego avalados por la Justicia del Trabajo -bombera habitual de los intereses patronales-. Incluso más, el propio MTEySS ha utilizado esta herramienta para viabilizar despidos, ofreciéndose como “árbitro” de las indemnizaciones.

Finalmente, por medio del “Programa de Recuperación Productiva” o “Repro”, la ANSeS -órgano descentralizado del MTEySS- subsidia a las empresas que acreditan un estado de crisis, pagando una parte del salario de los trabajadores. Es, en definitiva, una política de rescate estatal del sector patronal, por la cual el Estado asume pasivos de empresas sin nacionalizarlas o expropiarlas en su provecho, al tiempo que profundiza el desfinanciamiento de la ANSeS llevando a una mayor degradación de las jubilaciones y asignaciones sociales.

En el curso de la crisis, quedó claro que las “tareas esenciales” del MTEySS son insuficientes. Las empresas se dedicaron a infringir las leyes casi sin obstáculos y de las formas más variadas: negaron licencias a trabajadores en “grupos de riesgo” o las dieron sin sueldo, forzaron a empleados a trabajar, negaron elementos de protección, hicieron lobby para ser incluidas en el listado de “actividades esenciales”, rebajaron de hecho salarios, suspendieron sin sueldo y despidieron a mansalva. En simultáneo, remarcaron productos -incluso los insumos de higiene y protección personal indispensables para la prevención del contagio- y reclamaron más subsidios y créditos “blandos”.

El MTEySS, frente a esta auténtica ofensiva patronal, se limitó a publicar un correo y un teléfono para “efectuar una consulta sobre un empleador que no esté cumpliendo con las obligaciones sanitarias”, trámite que no dispara una intervención administrativa directa para poner fin al incumplimiento, sino que es “derivado” al Ministerio de Defensa, desde donde se iniciarían causas penales.

    

La prohibición de despidos y la conciliación obligatoria

El anuncio de casi 1500 despidos en Techint, probablemente la patronal más importante del país, dejó al desnudo tanto la dimensión de la bancarrota nacional como la parálisis del gobierno en materia de protección del trabajo. Así fue que en plena avalancha de despidos finalmente llegó el decreto 329/2020 que los prohíbe, con todas sus limitaciones, y el dictado de la conciliación obligatoria en el caso “Techint” -el decreto no los alcanzó.

Como es sabido, la conciliación obligatoria es una prerrogativa del Estado para intervenir en los conflictos colectivos, por la que promueve un ámbito de negociación suspendiendo las medidas de patrones y trabajadores. Sin embargo, en los hechos, casi siempre es utilizada para hacer retroceder las medidas obreras -paro, ocupación- y dejar hacer a las patronales -vaciamiento; lock-outs patronal-, desinflar el ánimo obrero en alza y viabilizar la “solución empresaria” del conflicto. 

Así, queda claro que los despidos funcionan como un “apriete” de la clase patronal a los trabajadores y al Estado. Sin ir más lejos, las próximas medidas del gobierno apuntan a ampliar los “Repro” y declarar exentas a las patronales de pagar contribuciones jubilatorias, lo cual llevará a un mayor desfinanciamiento de la ANSeS y en nuevos capítulos de saqueo a los jubilados. Una vez más, el MTEySS en función de los intereses patronales.

¿Qué podría hacer el Ministerio de Trabajo?

La pandemia expuso la crudeza del mercado laboral argentino: salarios de convenio lejos de la canasta de pobreza, falta de estabilidad laboral, precarización, tercerización, trabajo en negro, desocupación, suspensiones, despidos, negociados de las ART, cobertura de salud insuficiente, organizaciones sindicales paralizadas y cooptadas por los gobiernos. La propia precariedad en la que vive el 40% de la población, confinada al “monotributismo” obligatorio y a la changa diaria, hace imposible asegurar el aislamiento.

Ante este panorama, lo primero es frenar los despidos. Para hacerlo, su prohibición legal es necesaria, siempre que sea retroactiva y rija para todas las relaciones laborales. Es imprescindible además habilitar al MTEySS para que pueda reponer en sus puestos y de manera expedita a los trabajadores despedidos. A la vez, frente a una fábrica que cierre o despida masivamente se impone su estatización -sin indemnización de la empresa- y puesta en marcha bajo control obrero, reconvirtiéndola en caso de ser necesario.

En cuanto al trabajo “en negro”, la inspección laboral se ha mostrado como una herramienta impotente. Hoy en día el “blanqueo” del trabajador continúa dependiendo de la voluntad del empleador, quien es sometido, en el peor de los casos, a una multa y a su inclusión en el Repsal -registro de infractores-. Para defender a fondo los puestos de trabajo, la sola denuncia y/o constatación de empleo no registrado debería conducir a un “blanqueo” de oficio y, en caso de despido, a la inmediata reposición del trabajador por el MTEySS.

Frente a la “agenda” patronal de reducción de salarios, se impone una defensa cerrada de los mismos y el otorgamiento de sumas de emergencia durante la pandemia. A la vez, es preciso revertir largos años de pérdida sistemática del poder adquisitivo. Para eso es preciso un MTEySS que impulse la reapertura de las paritarias, sin techo, con cláusulas de movilidad automáticas, asegurando un salario mínimo que cubra la canasta de pobreza -hoy arriba de los $40.000.

Para terminar con la precarización laboral, primero se impone el pase a planta de los propios trabajadores del MTEySS, así como del resto de los estatales; incluso de los contratados por municipios vía organizaciones sociales y cooperativas. En segundo lugar, hay que acabar con el fraude de la tercerización alrededor de las empresas privatizadas de servicios públicos, es decir, pasar a convenio principal a cientos de miles de trabajadores -ferroviarios, telecomunicaciones, Luz y Fuerza- a quienes se encuadra en el más precario y peor remunerado de los convenios: el de la construcción. 

En materia de desocupación es necesario crear trabajo genuino y en blanco. Podría reactivarse la obra pública, dando a la vez respuesta al déficit habitacional galopante, con planes de construcción de viviendas e infraestructura bajo control obrero, poniendo fin a la cartelización de la obra pública en manos de la “patria contratista”. Mientras tanto, es imprescindible la apertura ilimitada de los programas asistenciales a todas las familias sin trabajo, el aumento de todos los programas y su actualización por inflación, así como sumas de emergencia a desocupados.

En lo que refiere a jubilaciones, corresponde consagrar el haber del 82% móvil del salario de actividad, sobre la base de la reposición de las contribuciones patronales rebajadas desde el menemismo por todos los gobiernos; defendiendo a la jubilación como un salario diferido que el patrón debe abonar al trabajador, no una prestación asistencial por vejez a cargo del Estado.

La salida de fondo, en manos de los trabajadores

Un programa político de este tipo, que defienda a fondo el trabajo y el salario, así como la salud, la educación y la vivienda, solo puede ser posible en la medida que se corte de raíz la gigantesca fuga de la riqueza nacional, se la concentre y oriente en ese sentido.

Para eso, es imprescindible empezar por desconocer la deuda usuraria e ilegítima con el FMI y bonistas, nacionalizar sin indemnización los recursos estratégicos del país, los servicios públicos, el comercio exterior y la banca. Se trata, en definitiva, de centralizar la economía para contar con los recursos para planificar la producción y distribuirla según las necesidades de la población.

Un programa de este tipo es incompatible con el “programa” y los intereses del empresariado nacional. El gobierno nacional, por su propia ligazón con ese sector social, es incapaz de desarrollar estos planteos. Al contrario, pone al MTEySS y al resto de los organismos públicos, antes que nada, al rescate de los intereses empresarios.

Solo los trabajadores, con nuestras organizaciones sindicales y políticas, desarrollando un programa propio y de total independencia respecto de las patronales y sus partidos, podemos construir un gobierno que se oriente a dar plena satisfacción de las necesidades del pueblo trabajador.