En un país en el que el desempleo ronda en términos reales el 20% y más de 4,5 millones tienen problemas de empleo, la burguesía argentina se propone incrementar la desocupación y flexibilidad laboral. En concreto, los capitalistas exigen el fin de la indemnización por despido, que no haría más que facilitar las cesantías. No es un planteo nuevo, pero en los últimos días se ha puesto otra vez en el escenario público, desde la Unión Industrial Argentina (UIA) –con su presidente a la cabeza, el ultra antiobrero Daniel Funes de Rioja- y otros sectores de la patronal, especialmente las pymes defendidas por la burocracia sindical K (como Hugo Yasky y su CTA).

“Por vías distintas, grandes empresarios y entidades pymes militan propuestas para cambiar la legislación laboral y modificar el régimen de las indemnizaciones”, informó Ámbito Financiero (21/6).

Ofensiva capitalista

La ofensiva patronal pregona eliminar la indemnización por despido y reemplazarla por un “seguro de garantía” gracias al cual “un trabajador despedido de una empresa dejaría de cobrar la indemnización completa, el Estado pagaría esa indemnización de manera mensual, mediante el pago del salario que tenía, hasta que consiga un nuevo empleo, durante la cantidad de meses que hubiera tenido antigüedad en la compañía” (ídem). El pago que realizaría el Estado estaría financiado por las mismas empresas, que todos los meses pagarían un seguro.

A este ataque los capitalistas lo denominan “flexiseguridad”, un término acuñado por los empresarios nórdicos que habrían sido los inventores del zarpazo.

El Ministerio de Trabajo y el Frente de Todos, las piezas claves

La burguesía viene planteando la derogación de todos los convenios laborales y de todos los derechos conquistados por la lucha obrera desde hace rato. Lo presentan como la piedra de toque para la revitalización de la economía y de la industria argentina. Eliminar la indemnización por despidos resultaría “una idea innovadora y de desarrollo de cómo generamos más y mejores puestos de trabajo, hace 11 años que el empleo no crece”, argumentan las patronales.

El entusiasmo empresarial se refuerza porque los principales impulsores del eventual robo de las indemnizaciones son legisladores del Frente de Todos y los funcionarios del Ministerio de Trabajo. “Sorprende en el empresariado el apoyo que tiene en el Frente de Todos. Un diputado de alto perfil afirmó tener un ‘proyecto muy similar’. La propuesta llegó inclusive al Ministerio de Trabajo y tiene el visto bueno de funcionarios que promueven la industria” (ídem).

Este ataque ya fue planteado hace casi un año por el ex ministro de Economía de Néstor Kirchner, Roberto Lavagna: “hay un método rápido para avanzar: el sistema que rige en la industria de la construcción (Libreta de Trabajo, que supone aportes a un fondo de desempleo). Luego se puede perfeccionar. Pero por aquello de que lo perfecto es enemigo de lo bueno, hay que actuar rápido” (El Cronista, 11/8/20).

En 2019, “hay Ministerio”

La burocracia sindical fue un factor clave para frenar y aislar las luchas que acosaron al macrismo en sus últimos años de mandato. Plantearon como camino contrapuesto a la lucha el voto para el Frente de Todos, mientras permitían que avanzara el ajuste del gobierno derechista, disolviendo las acciones de la clase obrera en su contra.

Como parte de esta campaña, uno de los slogans de la burocracia sindical fue que en el 2019 la clase obrera volvería a reconquistar el Ministerio de Trabajo, presentado como la casa de los trabajadores, devaluado a secretaría bajo la era de Macri.

En estos dos años, el “Ministerio” actuó más que nunca como lo que siempre fue, un ariete del Estado y de las patronales para regimentar a los sindicatos y -burocracia sindical mediante- aislar todas las luchas, de manera tal de asegurar la continuidad del ajuste. Ahora es un gobierno pejotista el garante del pago del endeudamiento internacional con los bonistas usureros y el FMI.

Las miles y miles de cesantías que se efectúan en todo el país ante las narices del “Ministerio” de un gobierno que decretó la suspensión de los despidos en el cuadro de la pandemia, son prueba contundente de que efectivamente el Frente de Todos está amasando el nuevo anhelo de las patronales.

Gobierno, patronales y burócratas contra las indemnizaciones

La indemnización por despido fue arrancada por algunos gremios en 1933, en particular por los trabajadores de comercio, a costa de grandes batallas. Más tarde, en medio de las huelgas y luchas de los trabajadores en la década de 1940, ese derecho fue generalizado al conjunto de los trabajadores a través del Decreto 1740/45.

La indemnización por despido es un derecho conquistado y defendido en el tiempo gracias a una lucha sin cuartel contra las patronales y los gobiernos; no fue una concesión estatal. Prueba de ello, la Constitución nacional argentina, en el artículo 14 bis, menciona que los trabajadores tienen derecho a “la protección contra el despido arbitrario”, pero con la reglamentación establecida en la Ley de Contrato de Trabajo borran con el codo lo que ambiguamente escriben con la mano. Esta ley le garantiza a los capitalistas la facultad de despedir sin causa, es decir, sostiene el despido arbitrario.

A 76 años de la conquista de la indemnización, la burocracia afila sus uñas para colaborar en la entrega de este histórico derecho, que sólo se puede mantener por medio de la lucha independiente. Las direcciones de la CGT y de las CTAs, completamente integradas al gobierno de Alberto Fernández, contribuyen a que los capitalistas despidan a mansalva.

Reforzar al sindicalismo combativo contra el campo burocrático

A casi dos años de la aplicación de un ajuste histórico de parte del gobierno del Frente de Todos, del colaboracionismo más cerrado de todo el arco burocrático, la clase obrera está buscando una salida. Al calor del crecimiento de las luchas de trabajadores ocupados y desocupados, crece también el espacio político independiente de sindicatos, seccionales, cuerpos de delegados combativos y organizaciones piqueteras como el Polo Obrero, integrados al Plenario del Sindicalismo Combativo, que plantea que la lucha para enterrar el plan de ajuste está unida a la recuperación de las organizaciones obreras de manos de la burocracia.