Hace más de tres años que las controversias despertadas por el entonces proyecto de construcción de las plantas de pasta de celulosa en Fray Bentos se instalaron en el terreno diplomático.

 

Durante todo ese tiempo, prevaleció, por parte de los gobiernos de ambas orillas, la tendencia a disimular el conflicto y evitar la reacción popular.

 

Pero la gigantesca movilización del 30 de abril del año pasado produjo un giro imprevisto. Más de 40.000 personas ocuparon el puente que une Gualeguaychú con Fray Bentos. El “No a las papeleras” tomó estado público y sumó voluntades. Se multiplicaron las acciones de protesta, los cortes y las movilizaciones, no sólo en Entre Ríos, sino también en Buenos Aires y en Pontevedra. Las multisectoriales surgieron en una y otra orilla y las acciones de protesta en ambos países se multiplicaron. La oposición del pueblo uruguayo a la instalación de las plantas no deja de crecer, desnudando la continuidad de la política de Batlle en el gobierno de Tabaré.

 

Está cortado el puente Gualeguaychú-Fray Bentos y el puente Colón-Paysandú. Sólo queda un paso por tierra y la Asamblea ambientalista de Concordia discute la posibilidad de cortarlo.

 

La actual radicalización del conflicto ha puesto en camisa de once varas a ambos gobiernos.

 

El enfrentamiento entre Kirchner y Tabaré pone al descubierto las limitaciones de estos exponentes “nac and pop” y sus compromisos con la patria financiera, la burguesía nativa y el imperialismo.

 

En vano han sido todos los mecanismos implementados por Kirchner y por Busti para desactivar la protesta.

 

Ni el festival de Busti, ni la promesa de ir a la Corte Internacional de La Haya, ni la entrevista con el propio Presidente, ni la mediación de Pérez Esquivel dieron resultado alguno.

 

En el país de los decretos, el pedido de intervención a la Corte Internacional ha recorrido el más largo laberinto de instancias burocráticas.

 

Bielsa y Alberto Fernández están en la mira de las críticas de los opositores. El jefe de Gabinete informó en Diputados, hace casi un año, que la instalación de las papeleras no tendría un impacto ambiental sensible, más que los malos olores, en base a un informe de la Caru (Comisión Administradora del Río Uruguay). También añadió que un acuerdo bilateral firmado en junio de 2004 llevó al gobierno argentino a poner fin a la controversia (Clarín, 11/2).

 

Por su lado, los macristas advierten sobre la complejidad de recurrir al Tribunal de La Haya, mientras que los socialistas promueven un proyecto de creación de una comisión bilateral y binacional. Los radicales impulsan la realización de un acuerdo entre legisladores de ambos países (Clarín, 11/2).

 

Los esfuerzos de Kirchner por terminar con los piquetes han caído en saco roto.

 

Es que los asambleístas y el pueblo tienen claro que un gobierno que habilita la contaminación del río Paraná, el Riachuelo y la cuenca del Plata, al igual que lo hace con la explotación minera en varias provincias, por medio de leyes, prebendas y beneficios fiscales e impositivos, es incapaz de darle una salida a la situación en función de los intereses del pueblo. El Presidente gobierna para la clase social que lo sustenta: la burguesía que con tanto ahínco se esfuerza en reconstruir.

 

Similar situación atraviesa el pueblo uruguayo. El voto popular mayoritario que llevó a Tabaré al gobierno, cifraba miles de ilusiones democráticas que comienzan a derrumbarse. Sectores enteros frenteamplistas están delimitándose políticamente de Tabaré y sus negociados.

 

Mientras era oposición, Tabaré desenvolvió una campaña en contra de la instalación de las papeleras; cuando estuvo en campaña electoral guardó un silencio prudente sobre el tema, y una vez en el gobierno llevó a fondo la política de su antecesor, ratificando todos los acuerdos y convenios firmados con las multinacionales.

 

Esto le valió que en septiembre de 2005 el fiscal civil Enrique Viana iniciara juicio al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, intentando demostrar que el Estado uruguayo no evaluó en forma imparcial el impacto ambiental sino que, por el contrario, se alineó con los intereses empresariales finlandeses (Brecha, 23/9/05). La presentación de Viana aporta información que abona la hipótesis de una sociedad entre Botnia y el Estado.

 

Sólo la movilización conjunta de ambos pueblos por la nacionalización y el control de los recursos naturales abrirá un curso de salida al conflicto.