El paro de 48 horas que paralizó totalmente los vuelos, fue la respuesta al apriete sufrido por los controladores, intimados a aceptar dentro de los 10 días su pase a la Empresa Argentina de Navegación Aérea Sociedad del Estado (EANA  SE). Los que rechacen quedarán en un limbo administrado por el Ministerio de Modernización.

EANA SE es la empresa estatal que se hará cargo de las torres de control, creada por Ley en 2015, como salida a las continuas luchas de los torreros contra la presencia despótica de la Fuerza Aérea en la dirección del tráfico aeronáutico.

En 2007, dado el escándalo que involucró a la cúpula de esta fuerza en el contrabando masivo de cocaína a España, Néstor Kirchner tuvo que desplazarla. Pero en 2011, como represalia a las denuncias de los torreros por las condiciones deplorables en que desarrollaban su actividad, Cristina hizo retornar a los militares.

La creciente resistencia de los trabajadores concluyó en un compromiso de todas las burocracias con el gobierno K para crear una empresa estatal que -funcionando como “unidad de negocios”- servirá a la privatización de un servicio que hace a la seguridad y soberanía de los cielos del país.

En su formulación, la Ley 27161, plantea la vigencia plena de la “esencialidad” de la tarea, un cepo al derecho de huelga de los controladores.

En un tiempo récord de 3 días se homologó un convenio colectivo con Atepsa, un gremio ultraminoritario, dejando fuera a ATE y APTA, partícipes activos durante  la elaboración de esta Ley, que los incluía dentro de un Consejo Consultivo. 

En su artículo 1°, el convenio, que los compañeros califican de “reglamento”, ratifica la “esencialidad”, obligándose a los trabajadores a prestar servicio no sólo a los aviones en vuelo o sanitarios sino a habilitar la partida del 45% de los vuelos comerciales y el 100% de los no comerciales. Siendo una empresa de derecho privado, se acepta la pérdida de la estabilidad que tienen los trabajadores estatales, incluyendo el despido sin causa con indemnización. El convenio acepta condiciones carcelarias que incluyen la instalación de cámaras, la intervención de las casillas de mail y la requisa de celulares antes de ingresar al puesto de trabajo. Se establece la multifunción y la realización obligatoria de tareas correspondientes a categorías superiores sin generar derechos.

La brutalidad desplegada por la Policía de Seguridad Aeroportuaria enviada por el Juez Ercolini para reemplazar a los huelguistas por jefes fue más allá incluso que el fallo de la Corte ya que ATE, convocante de la medida, es un sindicato reconocido y los compañeros garantizaban las guardias mínimas.

La burocracia de APTA, que como ATE se queja de haber quedado fuera de la firma del convenio y del Consejo Consultivo, sólo sacó un comunicado para anunciar que acataba la conciliación obligatoria, lo que no pudo impedir que varios de sus afiliados se sumaran a la medida.

Un cuadro que sumado al cierre de SOL y al ajuste en marcha en Aerolíneas-Austral y LAN, ratifica la necesidad de un Paro Nacional Aeronáutico.