Un paro de choferes de colectivos sorprendió en el arranque se la semana. Medio centenar de líneas que circulan por el Gran Buenos Aires comenzaron el lunes con una retención de tareas en reclamo por el pago del aumento salarial que había sido establecido en la paritaria.

Las patronales del transporte debían abonar el 24 de febrero una suma de $20 mil retroactiva a enero, pero en la mayoría de las empresas dicho acuerdo fue incumplido. En otras se pagó parcialmente, o se dieron sumas “a cuenta” por otros rubros. Esto desató un extendido malestar de la base del gremio que incluso llegó al anuncio de medidas en algunas líneas con tradición combativa.

Frente al incumplimiento patronal la conducción de la UTA livianamente planteó esperar pasivamente el pago del acuerdo. Es la burocracia sindical oficialista que entregó la paritaria firmando un 29,5% semestral en tres cuotas, siguiendo la pauta salarial de ajuste del 60% anual marcada por la política de ajuste salarial del gobierno nacional, cuando la inflación proyectada es del 100% anual.

De igual manera la oposición burocrática en el gremio, la Lista Azul, orientaba originalmente la misma pasividad. Posteriormente se reacomodó y “decretó” una abstención de tareas en las líneas que controla el grupo empresario Dota.

La medida convocada en las líneas de Dota fue a la manera de la burocracia, por arriba e inconsulta, sin asambleas ni deliberación de la base. Ni siquiera tiene como fundamento el rechazo a la paritaria del 29,5%, y por ende no tiene ninguna perspectiva de continuidad. Es un saludo a la bandera en el marco de una disputa interburocrática.

Sin embargo, la falta de pago del acuerdo paritario es un ataque contra los trabajadores. Con el activismo a la cabeza, debemos valernos de la crisis y de las contradicciones de la burocracia sindical para empujar la lucha y sin caer en la adaptación a la pasividad del ala propatronal de Roberto Fernández frente al incumplimiento de la paritaria.

Ante la abstención de tareas en decenas de líneas llamamos a impulsar una amplia deliberación, con asambleas en todas las líneas -incluidas las empresas que controla Fernández- que ratifiquen la medida y voten un pliego de reclamos en rechazo a la paritaria a la baja, a los despidos que vienen ocurriendo en numerosas líneas, y por un salario inicial de bolsillo de $250 mil indexado de acuerdo al índice de inflación. Por un plan de lucha para llevar adelante estas reivindicaciones.

En las asambleas se debe asumir además un firme compromiso de no aceptar represalias ni descuentos contra ningún trabajador.

La división de la burocracia debe transformarse en una veta para empujar la lucha y para que avance del activismo combativo con una política independiente de las dos alas de la burocracia.

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