El gobierno de Duhalde ha definido finalmente los “nuevos alcances” del Programa Médico Obligatorio. Es decir, la “letra chica” del decreto de Emergencia Sanitaria sancionado un mes atrás. Entre otras medidas, “se elimina, en el caso de cirugías programadas, el plazo máximo de espera de treinta días” (La Nación, 9/4). “La obligación de proveer audífonos y anteojos a los pacientes sólo regirá en un 100% para los menores de 15 años”.

Se ha eliminado también la obligatoriedad de cubrir prácticas “que no tienen evidencia científica que garantice que su aplicación genera una mejora en los pacientes”. Pero no se dice en qué consistiría tal “evidencia científica”. En los medicamentos oncológicos, sólo habrá cobertura “para aquellos que respondan a protocolos de tratamientos nacionales aprobados por Salud”. Se trata, naturalmente, de liquidar la cobertura de las especialidades medicinales de última generación, en nombre de su “efectividad aún no demostrada”.

En relación a los medicamentos, habrá un listado cuyo porcentaje de cobertura no excederá el 40%, “y la obligación de recetar genéricos”. Es decir que el listado sólo cubre a medicamentos con patente vencida. Los otros -como ya se vio- seguramente ingresarán en la categoría de especialidades “con efectos terapéuticos no comprobados”…

Respecto de otras prácticas de control o diagnóstico, “sólo serán de cobertura obligatoria en determinados casos”. Por ejemplo, “para financiar una mamografía a manera de prevención del cáncer de mama se pedirá ser mayor de 49 años o tener antecedentes familiares de la enfermedad”.

El significado de la “emergencia”

La aplicación de estos recortes constituye una verdadera confiscación sobre los millones de aportantes a las prepagas y obras sociales, que vienen pagando sus cuotas para percibir un conjunto de prestaciones que ahora se restringen drásticamente. Según el gobierno, si no se reducía el PMO “muchos agentes del seguro de salud directamente desaparecerían, dejando desprotegidos a millones de afiliados”. Es decir que, para el gobierno, salvar la salud de la población es proteger a los capitalistas que lucran con ella. Pero la propia política de Duhalde-González García demuestra lo contrario, ya que el salvataje de las prepagas y obras sociales exige ir contra la salud y la vida de los afiliados. Por esto mismo, no hay salida frente al vaciamiento sanitario sin la expropiación de los monopolios privados de la salud y de los medicamentos, y la implantación de un sistema único y universal de salud bajo control de los trabajadores.