La intención de Milei -expresada en su discurso ante la Asamblea Legislativa- de obligar a los sindicatos “a elegir sus autoridades a través de elecciones libres y supervisadas por la Justicia Electoral”, limitando “los mandatos a cuatro años” y estableciendo un tope de “una sola reelección posible” llevó a varios medios a especular con la inminencia de una nueva Ley Mucci.

Así se conoció el proyecto de reordenamiento sindical que Raúl Alfonsín envió al Congreso a poco de asumir, en el verano de 1984. Su principal impulsor fue el ministro de Trabajo de entonces, Antonio Mucci (un ex dirigente gráfico y connotado “gorila” que, en 1956, integró los 32 Gremios Democráticos).

El capítulo del régimen electoral de aquel paquete de normas contemplaba un mandato máximo para los miembros de las conducciones gremiales de tres años, con solo una posibilidad de reelección inmediata. También impulsaba la representación de las minorías opositoras y la fiscalización por parte del Estado.  La ofensiva terminó en una derrota parlamentaria del flamante gobierno radical y la caída de Mucci.

Desde entonces se apilan en el Congreso numerosos proyectos de ley con pretensiones de “democratizar la vida de los sindicatos”, ninguno de los cuales alcanzó siquiera estado parlamentario. Varios fueron iniciativa de dirigentes de Juntos por el Cambio (por ejemplo, hay uno de Patricia Bullrich, que modifica integralmente la Ley de Asociaciones Sindicales y elimina el unicato; Martín Tetaz volvió a la carga con el tema de limitar los mandatos de los secretarios generales durante la última campaña electoral) pero también los hay provenientes del peronismo, como el que impulsó Facundo Moyano cuando integraba el bloque massista junto a Héctor Daer, en 2014.

Luego del discurso de Milei, se sumó a esa lista un refrito presentado por un grupo de diputados radicales, encabezados por Roxana Reyes y Julio Cobos, que fija los mandatos en “cuatro años con el derecho a una sola reelección inmediata”. Además, establece que “el voto será obligatorio para todos los trabajadores” bajo la supervisión de la Justicia Electoral Nacional (no de la secretaría de Trabajo, como es actualmente), un estamento más alejado de cualquier control popular y con mayor poder de injerencia.

Discurso “anti-casta” contra los trabajadores

La ofensiva, verbal por ahora, contra las cúpulas sindicales encaja perfecto con el discurso anti-casta del que Milei sigue abusando. Pero lo que importa no es eso, sino que el desprestigio de una burocracia soldada a los sillones desde hace muchas décadas (cada uno de los tres co-secretarios generales de la CGT supera ampliamente las dos reelecciones) es funcional a un ataque de fondo contra los trabajadores, en todos los planos; en especial contra la organización de base y contra los convenios colectivos.

El nuevo proyecto radical repite el requisito de “ficha limpia”, que una de las autoras define como una exigencia de “idoneidad para llevar adelante la representación de los trabajadores y para que nunca más un condenado por corrupción tenga a cargo la conducción de un sindicato”. La ambigüedad es deliberada; puede apuntar contra el enriquecimiento de las direcciones o contra activistas combativos que tengan procesos o embargos por acciones de lucha. En todo el país hay centenares de procesados, e incluso condenados, por luchar. El caso más emblemático es el de César Arakaki, sobre quien pesa una pena de 3 años y dos meses de prisión efectiva por participar de las jornadas contra la reforma jubilatoria del 2017.

La reacción inmediata de la burocracia fue bajarle el precio a la iniciativa oficial; “es parte de un show… en todo caso habrá que discutirlo en el Congreso” chicaneó Daer, resaltando la debilidad de Milei para avanzar por una vía legal. Lo que no implica desconocer que el Ejecutivo cuenta con recursos extraparlamentarios de peso. El reciente reemplazo de Omar Yazín al frente de la secretaría de Trabajo por Julio Cordero, un hombre de Techint y abanderado de la reforma laboral, termina de configurar un staff que un vocero de la CGT calificó como una provocación; en ese lugar del Estado tan determinante para el modelo sindical que la burocracia defiende. Pero la novedad que encendió todas las alertas es que se reflotaron varias causas contra el “Caballo” Suárez, el ex capo del Somu que pasó tres años en la cárcel durante el gobierno de Macri.

La lista de agresiones del gobierno contra la burocracia es larga (la eliminación de los llamados “aportes solidarios” o de la retención del cobro de la cuota sindical pueden ser otros flancos de crisis importantes. La patronal de Dota, amparada en el DNU, dejó de hacer el descuento por afiliación a la UTA, exigiendo que cada chofer ratifique su adhesión) y no se puede descartar que haya simulacros de “guerra total”; pero los dirigentes de la CGT no pierden oportunidad de reafirmar su voluntad de buscar líneas de entendimiento.

La última ocasión fue la Cumbre 2024 de AmCham, la cámara de empresas norteamericanas, donde Héctor Daer y Andrés Rodríguez pidieron al Gobierno que “los llame a negociar los detalles de una iniciativa que los afecta directamente, y procure que cualquier cambio se debata en el Congreso, en lugar de actuar por decreto”. El ministro del Interior, Guillermo Francos, que cerró el evento, se jactó de haber tomado “varios cafés con la CGT, con los que estuvieron hoy y con otros”. Y fue concluyente: “tendremos algunas diferencias, pero estoy convencido de que podemos encontrar mecanismos de acuerdo para hacer más competitivo el mercado”.

Como ocurrió durante el menemismo la burocracia piensa en una “supervivencia organizativa” basada en la defensa de sus privilegios y, por qué no, en la participación en algunos negocios que puedan surgir de las reformas de mercado, como fueron las AFJP.

Sindicatos para la transformación social

La democratización de los sindicatos nunca podrá emanar del Estado capitalista; son conceptos antagónicos. La democracia obrera supone la mayor independencia del Estado y las patronales. Por eso combatimos la intrusión del gobierno de Milei y sus aliados en la vida de las organizaciones obreras.

Nuestro norte está puesto en la construcción de agrupaciones clasistas, en todos los sindicatos y centrales, en el impulso a la deliberación y la acción -a partir de las asambleas y plenarios-, en la ampliación de la representación de base, para expulsar a la burocracia y poner a las organizaciones obreras al servicio de una transformación social.

La verdadera democratización de los sindicatos está históricamente ligada a la superación del peronismo y la lucha por una nueva dirección, revolucionaria, del movimiento obrero.

https://prensaobrera.com/educacion/ante-el-vaciamiento-de-la-educacion-de-media-ningun-cierre-de-cursos-ni-recorte-presupuestario