Por estas horas se difundió un borrador de preacuerdo entre las cámaras empresarias del sector hidrocarburífero y el Sindicato Privado de Gas y Petrolero de Neuquén, Río Negro y La Pampa, denominado “acuerdo para la sustentabilidad y el empleo” y regirá por los próximos seis meses, con posibilidad de prorrogarse. Este convenio recoge las exigencias patronales, de las cuales YPF fue pionera, y representa un nuevo ataque al salario y a las condiciones de trabajo para miles de obreros petroleros.

La primera definición del documento es enmarcar las negociaciones como un instrumento complementario del convenio laboral 644/12, y en las reformas flexibilizadora que impuso la adenda firmada en 2017 -que en 15 meses se cobró la vida de ocho obreros. Como en el pasado, este nuevo convenio es presentado como una condición para reactivar la producción y preservar los puestos de trabajo, pero no existe garantía alguna de ello.

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Los puntos más importantes del acuerdo son:

1.- Los conceptos salariales de Bono de Paz Social, Adicional Torre, Adicional Disponibilidad, Adicional Yacimiento, Adicional Choferes de Transporte y Adicional Torre Servicios Especiales, pasarán a tener carácter no remunerativo, lo que impacta fuertemente en los cálculos jubilatorios, desfinancia la Anses y reducirá los próximos aumentos salariales.

2.- Generaliza la contratación a plazo fijo, lo que representa un ataque a la estabilidad laboral. Por estos contratos, un trabajador puede pasar años prestando tareas sin obtener nunca antigüedad.

3.- Ratifica la subcontratación para aquellas tareas que no superen los 30 días, legalizando así una situación que es moneda corriente en el gremio.

4.-Establece un régimen laboral que perpetúa las suspensiones sin pago, ya que con el nuevo esquema se trabajará 15 días, con 7 días de franco y 7 días de suspensiones que no serán abonados.

5.-Se ratifica el no pago de las horas taxi. Esta eliminación ya estaba estipulada en la adenda del 2017, pero había sido cuestionado por diferentes reclamos obreros. Con esta medida, los trabajadores están horas a disposición de las empresas sin que sean contabilizadas como horas trabajadas.

6.- Establece la libre disponibilidad de mecánicos, electricistas, soldadores, los cuales antes estaban sujetos a una sola dotación o equipos de trabajo y que ahora podrán ser trasladados en función de la productividad.

7.- Otorga poder vinculante a la decisión de la ART en casos de discrepancias entre dictamen médicos de las empresas y trabajadores, para accidentes o enfermedades profesionales. Se trata de un cláusula confusa, que otorga poder discrecional a las ART -en este caso de la burocracia sindical, que ve en el régimen de accidente de trabajo una fuente fenomenal de ingresos a merced de la salud obrera.

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Como se puede apreciar, el acuerdo legaliza una virtual reforma laboral que las empresas vienen imponiendo de hecho, y avanza en nuevos aspectos flexibilizadores atentando contra el salario. Una vez más, el sudor de los obreros petroleros es colocado como moneda de cambio para aumentar la tasa de beneficios de las patronales. La burocracia petrolera, dirigida por Guillermo Pereyra, presenta este acuerdo como “necesario” para mantener los puestos de trabajo, pero lo mismo señalaba cuando firmó con la adenda del año 2017 cuyo saldo fue obreros muertos, mutilados y un esquema energético colapsado.

Urge la intervención de los obreros petroleros rechazando esta nueva adenda flexibilizadora. La defensa del convenio deber ir de la mano del reclamo de apertura de los libros de las empresas, del control obrero de la producción, de la puesta en pie comités de seguridad e higiene elegidos por los trabajadores, hacia una nacionalización de la industria energética bajo control obrero. En definitiva, es necesario enfrentar esta ofensiva con un programa para que la crisis la paguen los capitalistas petroleros que lucran en base a la sobreexplotación y el saqueo de los recursos del país.

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