En el marco de la campaña electoral, Sergio Massa anunció que, en caso de ganar el balotaje, pondría en marcha un régimen especial para los trabajadores de reparto de las apps, el cual contemplaría el acceso a una ART, una jubilación, una cobertura de obra social y cobertura por accidentes personales, y de responsabilidad civil contra terceros, por la prestación de los servicios de su actividad a través del Banco Nación.

La propuesta tendría como objetivo palear parcialmente la situación de extrema precarización laboral a la que se encuentran sometidos al menos 200.000 repartidores, quienes en su mayoría deben pagar un monotributo para acceder a los derechos laborales básicos porque las patronales de las plataformas digitales desconocen la relación laboral.

Entre estas aberrantes e insalubres condiciones laborales se encuentra, entre otros, la ausencia de licencias médicas, el costo de las herramientas de trabajo a cargo del trabajador, ausencia de higiene y la falta de cualquier tipo de resguardo económico frente a eventualidades o accidentes, lo que constituye agravante si se tiene en cuenta que los repartidores se la pasan surfeando el tránsito presionados por el tiempo de demora entre pedido y pedido. Esto es acicateado con descuentos, en el caso de no llegar a tiempo, o con el otorgamiento de mejores recorridos o premios en efectivo en caso de cumplir con la demanda.

Sin embargo, Massa no pretende imponerle a estos capitalistas, que amasan fortunas millonarias a costa de la superexplotación de miles de trabajadores, una normativa que establezca la relación laboral de dependencia y regule la actividad, ni que hablar de que se aplique la Ley de Contrato de Trabajo. El ministro de Economía solo ofrece una ART y un seguro para circular (porque los aportes jubilatorios y la obra social ya corren por cuenta del monotributo) que seguramente tendrá que abonar el trabajador, y aduce que quien absorberá el gasto de esta medida “será el Estado”.

Es el blanqueo de un fraude laboral mediante una medida que no solo no resuelve las condiciones paupérrimas a las que se ven sometidos los trabajadores de reparto sino que además exime a las patronales precarizadoras de cualquier tipo de responsabilidad, mientras perpetúan sus beneficios. Cabe destacar además que la experiencia demuestra que todos los regímenes especiales, como es el caso del gremio de Trabajadoras de Casas Particulares, los trabajadores rurales o de la construcción, han sido creados con el objetivo de vulnerar derechos establecidos en la Ley de Contrato de Trabajo, bajo complicidad de la burocracia sindical. Expresión de esto es el “fondo de desempleo” que rige para los trabajadores de las construcción en lugar de la indemnización, o las paritarias no homologadas de las trabajadoras de casas particulares.

A su vez, este régimen precario tendría una “prueba piloto” de 60 días que comenzaría el 15 de diciembre, lo cual anticipa que el gobierno podría darlo por finalizado en tanto entienda que “no funciona”. Esto constituye una avanzada contra los derechos laborales que se enmarca en la reforma laboral, la cual busca abaratar aún más la mano de obra mediante la formalización de la precarización laboral que prevalecerá aunque el gobierno decida eliminar el régimen concluido el plazo de prueba. Otro paso en ese sentido es el acuerdo marco que homologó el gobierno con las empresas de comercio y que permite a las patronales del sector suspender a sus trabajadores, con el pago de una prestación no remunerativa equivalente al 50% del salario.

Massa promete que se comenzarán a construir 25 Estaciones Recargate en las estaciones de trenes del Área Metropolitana de Buenos Aires, como áreas de descanso, con baños y espacios para carga de baterías, pero no se le ocurre garantizar que los repartidores cuenten con horarios de descanso que no sean en detrimento de su remuneración.

Milei directamente promueve este esquema de trabajo a destajo y sin derechos como ejemplo de la flexibilización laboral aún mayor en favor de las empresas. Es un lobbista de las plataformas, que explotan a los repartidores, y que solo cuentan con su fuerza de trabajo para cubrir sus necesidades básicas y las de sus familias, lo que se torna cada vez más difícil en el marco de esta crisis.

La diputada por el Partido Obrero en el Frente de Izquierda Unidad, ha presentado un proyecto en 2020 que contempla un freno a las arbitrariedades de las empresas y las modalidades que exponen a los repartidores a un daño a su salud. Y que plantea un salario básico como garantía para evitar la superexplotación, y adicionales por entrega, además de restricciones a la jornada laboral y la creación de una Comisión de Control con mayoría de los trabajadores para que esto se cumpla.

Los políticos capitalistas vienen por una flexibilización aun mayor de las condiciones laborales y con un ajustazo bajo el brazo, que recaerá sobre las espaldas de los laburantes. Las reivindicaciones de los trabajadores de reparto son antagónicas a este avance de la precarización del empleo al servicio de un puñado de grandes empresas que trasladan los riesgos y gastos operativos a su mano de obra, y serán arrancadas con la organización colectiva frente a los atropellos patronales y estatales. Ese es el camino, como se ha expresado con las numerosas asambleas y movilizaciones que se autoconvocan cuando sufren siniestros viales o son abandonados a las zonas liberadas. Ganemos las calles por todos los reclamos.

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