El gobierno anunció la elaboración de un listado con los nombres de todos los trabajadores, afiliación sindical, salario, perfil de ausentismo y “compromiso con el trabajo” de cada uno de los estatales nacionales. Dicha medida constituye un nuevo eslabón en la persecución gremial y el ataque a las condiciones laborales de los trabajadores del Estado. 

 

El registro, llamado Base Integrada de Información de Empleo Público y Salarios en el Sector Público Nacional (BIEP), empezará en algunas áreas del Estado nacional pero el gobierno tiene el objetivo de extenderlo a toda la administración pública. Estará a cargo del ministerio de Modernización, regido por Andrés Ibarra, al que incluso La Nación considera como “algo así como el gerente de recursos humanos del Estado”. 

 

Bajo el eufemismo de "responder a la demanda de recursos de los organismos de manera eficiente", el gobierno busca crear un gigantesco corpus de datos que lo auxilie en la tarea de ajuste y flexibilización laboral en el sector.

 

Esta tarea cuenta con el apoyo de la burocracia de UPCN de Andrés Rodríguez, que suscribió una paritaria a la baja de 20 por ciento en cuotas que incluye ítems negreros como productividad y ausentismo.

 

La medida se da de bruces contra la ley de protección de datos personales, conocida como “habeas data”, y que protege la información sensible de los ciudadanos, que explicita que la “afiliación sindical” de las personas es una información privada y no pasible de ser asentada en ningún tipo de registros.

 

La creación del registro viene precedida por el anuncio de auditar el ausentismo de los empleados -que no tiene otro objeto sino atacar el derecho básico a que se paguen los días por enfermedad y, sobre todo, la intimidación sobre la acción sindical, ya que actúa como un pivote para intentar evitar el ejercicio al derecho de huelga. También está en línea con el gobierno de María Eugenia Vidal que establece que el organismo recaudador de la provincia de Buenos Aires (ARBA) implementará descuentos de las licencias y permisos por maternidad, enfermedad, atención de familiar enfermo, duelo, examen, donación de sangre, entre otras licencias, que además de atacar a los trabajadores lo hace en particular sobre el personal femenino, que perdería el “premio” a la productividad por caso de embarazo. En Córdoba, la municipalidad dirigida por el radical Ramón Mestre (hijo) hizo pública la lista de los sueldos que perciben sus empleados. Además, agregó datos vitales como los números de documento, nombre y apellido. El ataque sobre los estatales incluye también a los gobernadores.

 

Con la ofensiva sobre los estatales, a lo que se suma el intento de imponer una paritaria a la baja a los docentes, el gobierno traza una línea de ataque más general contra los trabajadores y sus condiciones laborales. Esto se ha visto, emblemáticamente, en la adenda al convenio colectivo de los petroleros. 

 

El decreto debe ser rechazado por todos los trabajadores estatales y se debe colocar el rechazo en todos los sindicatos del sector.