26/08/2020

El salario promedio no llega a cubrir el costo de la mitad de la canasta

Según datos del Indec se necesitan $70.616 y se cobran 32.000 pesos.

El costo de una Canasta Total Mínima de una familia trabajadora compuesta por una pareja joven y dos hijos menores alcanzaba, a fines de julio último, a $70.616, según surge del trabajo que preparan periódicamente la Junta Interna y los trabajadores del Indec, sobre la base de los datos que releva el propio organismo oficial de estadísticas.

Frente a esto se estrellan los salarios medios de los trabajadores que, a fines del 2019 -el último dato del que dispone el Ministerio de Trabajo, igualmente válido porque desde entonces son pocos los gremios donde se ha logrado algún aumento significativo- alcanzaban a poco más de $32.000, es decir, menos de la mitad del dinero necesario para cubrir los gastos mínimos de una familia.

El nivel de precariedad que se vive en los hogares obreros aparece con más crudeza al contrastar esos salarios con el costo de la Canasta Mínima Alimentaria -por debajo de la cual un hogar se considera en estado de indigencia.

A fines de julio adquirir los productos de esa canasta requería $23.029, es decir, el salario medio apenas permitía y permite superar la indigencia y le restan $9.000, por ejemplo, pagar los servicios e impuestos, sin cubrir ninguno de los otros gastos de la familia, como el alquiler, el transporte, la ropa y los demás consumos del hogar. En el trabajo preparado por los trabajadores del Indec se estima que un hogar obrero necesita $47.600 para cubrir esos gastos.

Además, el informe destaca que, en ambos casos (Alimentaria y Total), se trata de canastas de consumos mínimos, y «no de canastas óptimas, deseables» y «por eso mismo, ningún trabajador debería ganar -de bolsillo- menos que el valor calculado» de 70.616 pesos.

Con el argumento de la pandemia, el gobierno decidió congelar los salarios estatales que, como denuncian los trabajadores del Indec, no llegan a los de $32.000 para un alto porcentaje de empleados del sector público y ATE y UPCN miran para el costado. En el caso de los privados, las burocracias sindicales de todos los colores no solo ha suscripto suspensiones con abultados descuentos salariales durante la cuarentena, sino que se ha colocado abiertamente a la vera de las patronales y los gobiernos y –salvo escasas excepciones- han congelado prácticamente todo reclamo de aumento salarial, cuando la inflación de este año se estima en alrededor del 40 por ciento.

Este es el cuadro de miseria que el gobierno quiere profundizar, porque el pacto que suscribió con los bonistas y el que se prepara a negociar con el FMI exige crecientes garantías de ajuste contra los trabajadores y los jubilados y el congelamiento de las paritarias y de los aumentos salariales y previsionales.

La inflación, que no se detiene, será potenciada por el aumento en el costo de los servicios que acaba de autorizar el gobierno, a lo que se suman las remarcaciones sistemáticas en los precios de los productos de primera necesidad, en especial de los alimentos.

La defensa de las paritarias y un aumento de los salarios que compense la inflación y que los mínimos cubran el costo de la canasta de productos necesarios para la familia obrera, son de cuestiones de primer orden en defensa de la salud y de la vida en los hogares de los trabajadores.

La burocracia es una losa que deben sacarse de encima para poder pelear por esas reivindicaciones. Por eso es crucial la recuperación de los sindicatos, en oposición a la estatización de las organizaciones obreras por parte de la burocracia y por la independencia política de los trabajadores.

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