El dirigente de la Uocra La Plata, Juan Pablo “Pata” Medina, fue finalmente detenido luego de un operativo que movilizó más de 400 efectivos de la Federal en treinta allanamientos, uno de ellos a la sede de la seccional La Plata. Medina tenía una orden de captura por una causa de extorsión que habría llevado a la paralización de una obra del Ferrocarril Roca. Medina denunció que detrás de la acusación de la fiscal federal de Quilmes había una maniobra del gobierno de Macri. El burócrata platense apoyó la campaña de Daniel Scioli en 2015 y de Cristina Kirchner en las recientes Paso.

 

El gobierno nacional y Cambiemos presentan la acción contra Medina como parte de una cruzada de transparencia en un aparato sindical corrupto que, por otra parte, encarecería la obra pública. Una total impostura, aunque Medina sea un delincuente incrustado en el seno del movimiento obrero y una réplica de las mafias que dominan la Uocra y la inmensa mayoría de los sindicatos.

 

Los negociados en la obra pública son una “construcción” a tres manos, con el Estado como dador de fondos a la “patria contratista”, a los funcionarios recaudadores de los gobiernos patronales y a la burocracia sindical. Medina montó un esquema de negociados por el cual regenteaba los servicios de catering en las obras, se beneficiaba de las contrataciones de limpieza y recibía coimas a cambio de vulnerar los derechos de los trabajadores. Naturalmente lo hacía con el acuerdo del empresariado que obtenía de él la regimentación de los trabajadores y el silencio sobre los “peajes” que iban a sus bolsillos.

 

Los empresarios se quejan ahora de un alza en los costos de las obras, que serían del orden de un 60% por encima del resto de la provincia, como resultado de los “compromisos” a los que los obligaba Medina. Es, naturalmente, un relato para ingenuos. Si se abriesen los libros de cada obra pública al control de los trabajadores de la construcción, saltaría que el alza de los costos de las obras parte de los negociados armados por el gobierno con la “patria contratista” y la complicidad de la burocracia sindical, la mafia que hoy dirige Gerardo Martínez, rabiosamente oficialista con CFK y hoy con Macri.

 

El periodista Francisco Olivera de La Nación denunció el pánico de los empresarios de la construcción, en particular la camarilla enquistada en la cámara patronal, frente a la posibilidad de una investigación de la obra pública. El periodista Julio Nudler llegó a perder su columna y su lugar en lo que era el diario oficialista Página/12 por denunciar el sistema organizado de “peajes” (coimas) en los ministerios de Economía y Planificación, donde estaba “todo tarifado”, según el testimonio de un alto empresario que había escuchado esta descripción del hombre que era tenido como cajero de Lavagna, el ratón Pérez. El empresario, presidente de una multinacional importante, concluía que “en la Argentina se cometea o no se puede ser empresario a ese nivel” (www.lavaca.org.ar noviembre 2004).

 

Nada varió. En el juicio a De Vido están imputados funcionarios, pero no figura un solo empresario de la construcción- siendo que uno de los grandes beneficiarios de la obra pública durante la “década ganada” fue la “Casa Macri”. Entre la patria contratista, la burocracia y el Estado todo se negocia. ¿O acaso ha ido alguien en cana por las decenas de muertos en las obras de la construcción, privadas o no, en los últimos cinco años, en la Ciudad y el Gran Buenos Aires?

 

Encubrimiento

 

Más allá del disciplinamiento al conjunto de la burocracia sindical, el “caso” Medina encubre el pacto efectivo del gobierno con la burocracia sindical. Se ha sellado el avance de los acuerdos de productividad, están casi culminados los proyectos de ley que habilitarán las pasantías como modalidad de trabajo precario o el plan de primer empleo, un mecanismo de subsidio a las patronales y que les permitirá a las patronales beneficiadas, el despido del trabajador antiguo. El gobierno, por su naturaleza, no puede producir ninguna depuración de las mafias sindicales. Se sostiene desde siempre sobre la base de la colaboración pagada a buen precio de la burocracia sindical. ¿Lucha contra las mafias de parte de un elenco que acaba de disponer la entrega de fondos de las obras sociales, un desfalco contra los trabadores que aportaron, para financiar una Cobertura Universal de Salud que amplifica el negocio de la medicina privada? El pacto del gobierno Cambiemos se sustenta en dos contraprestaciones de parte de la Casa Rosada: no tocar el monopolio de la burocracia de los sindicatos -lo que significa avalar el fraude constante en materia de democracia al interior de las organizaciones obreras- ni los fondos de las obras sociales (salvo lo que se “consensue”). ¿Existe alguna causa judicial que afecte a las cabezas de la burocracia que hoy están en el pacto con el gobierno?

 

La Uocra es una federación de mafias vendible al mejor postor de gobiernos y empresarios. El llamado a organizar y defender el Sitraic en todo el país es un llamado efectivo a terminar con las mafias por obra y acción de los propios trabajadores.

 

Ninguna confianza en la “operación transparencia” del gobierno. Cambiemos y el resto de gobiernos patronales han pactado con la burocracia sindical y la sostienen como necesidad propia de estabilidad. Si el Estado dejara de amparar a la burocracia, ésta caería como fruta madura. Luchamos por una nueva dirección en los sindicatos, por la democracia sindical, contra toda injerencia del Estado o de los gobiernos patronales en las organizaciones obreras, por la independencia política de la clase obrera.