El gobierno reglamentó la ley Pyme que permite que la burocracia pacte con las patronales el pago en cuotas de las vacaciones y el aguinaldo, cambiar las categorías y reemplazar la indemnización de despidos por un Seguro o Fondo. La reglamentación elevó de 40 a 80 el tope de trabajadores por empresa que pueden aplicar el nuevo regimen. Esto es, el 97% de las empresas privadas del país.

La reglamentación fue acordada entre la CGT y las patronales. Ya varios sindicatos firmaron convenios con esas cláusulas y existe un "preacuerdo" entre Armando Cavalieri y las cámaras patronales mercantiles para incorporarlas en el convenio de empleados de comercio (Clarín, 29/5/98). Además, en los últimos convenios generales firmados, sin distinción en el número de trabajadores por empresa, la burocracia acordó fraccionar las vacaciones y reducir o anular las categorías por la "polivalencia funcional".

Conocida la reglamentación, las patronales se lanzaron a reclamar el inicio de las paritarias Pymes para incluir los atropellos permitidos en la ley Pyme y en su reglamentación.

El PO plantea:

* Elaboración de un proyecto de convenio por los trabajadores sin distinción entre empresas chicas y medianas o grandes, sobre la base del aumento de los salarios, la prohibición de despidos, el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario y el control de los ritmos de producción.

* Elección de los paritarios en asambleas y plenarios.

* Derogación de la ley Pyme.