El gobierno de Javier Milei, que se jacta de un liberalismo económico exacerbado, está protagonizando una política de intervención estatal en las paritarias privadas, con la no homologación de ciertos acuerdos, para tratar de fijar un techo salarial por debajo de la inflación, en orden a la pauta del 14% para febrero que intentan imponer a empleados públicos.

Es lo que está ocurriendo en la actualidad con la no homologación –dependiente de la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Capital Humano- de los acuerdos firmados por Camioneros y Comercio con las respectivas cámaras patronales.

El gobierno nacional viene afirmando su no intervención en las negociaciones paritarias, en la idea de que se trata de negociaciones “libres” entre las partes; sin embargo, retacea la homologación de acuerdos paritarios de gremios representativos o con alta exposición para intentar imponer un techo salarial en las negociaciones salariales que afronta el Estado nacional.

El objetivo del gobierno es que las paritarias actuales consagren la pérdida del poder adquisitivo del periodo precedente, particularmente lo obrado en los últimos meses con la devaluación y la disparada de la inflación con la liberalización de precios de Javier Milei. Y fijar un aumento en febrero del 14%, en orden a la “expectativa oficial” de caída de la inflación para los próximos meses.

El ministro de Economía Luis Caputo viene insistiendo en una pauta salarial del 14% para febrero y 12% para marzo para los trabajadores del sector público y las empresas estatales, en sintonía con el acuerdo paritario nacional firmado con Upcn de aumento del 12% para los estatales, mismo monto que se le ofrece a aeronáuticos y que llevó al paro del sector. Cabe añadir ahora el fracaso de la paritaria nacional docente.

En Camioneros el gobierno retrasa la homologación de un 25% de suba para marzo y 20% para abril, similar a lo que ocurre con Comercio donde se firmó un 18% para febrero, buscando evitar una referencia general para otras paritarias que se ubiquen en igual lugar o por arriba de estos.

Algo similar ocurre con la intervención del Estado con la conciliación obligatoria. Mientras que ante el paro de los conductores ferroviarios el Estado de “abstuvo” de intervenir, bajo el mismo presupuesto “libertario”, sí dictaron la conciliación obligatoria en el conflicto salarial de la UOM que amenazaba con paros progresivos.

El gobierno que defiende la libertad de mercado y la no intromisión estatal interviene activamente en la fijación de uno de los precios más importantes, el del salario, para hundirlo por debajo de los precios generales y generar mejores condiciones y rentabilidad para los capitalistas.

Se trata de uno de los pilares de la política de ajuste del gobierno nacional, que demuestra que hasta los más “liberales” se valen de la intervención estatal para perjudicar a los trabajadores. Lo que deja en claro que uno de los principales problemas de la etapa es la lucha salarial para quebrar el techo que intenta imponer el gobierno, recuperar lo perdido por la inflación y ampliar el poder adquisitivo de los trabajadores para cubrir las necesidades de estos y sus familias.

Es evidente que ante una política integral del Estado contra los trabajadores se requiere un respuesta colectiva y unificada en movimiento obrero, algo que evaden desde la CGT y las CTAs: el paro de 36 horas y el plan de lucha para terminar con la ofensiva de Milei y el ajuste.

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