El pomposo anuncio del aumento a los docentes es simplemente una burla que pretende hundir por completo los derechos de los trabajadores de la educación. En las escuelas de la provincia de Buenos Aires las opiniones coinciden: “cuarenta pesos en tres años, sólo para los maestros a cargo de grado y a cambio de la ‘flexibilización laboral’…”.

La Decibe anunció que “este 20 por ciento no se trasladaría directamente a los salarios, sino que, al principio del año próximo, se beneficiarían los maestros que trabajan frente al aula y los que menos ganan” (Clarín, 16/9).

Este mentado ‘aumento’ se daría a cambio de una ‘reforma laboral’ pautada por el Consejo Federal (ministros de Educación de todo el país) que consiste en “un nuevo régimen de licencias y el pago de incentivos por desempeño y capacitación, entre otros puntos” (ídem). “Doce provincias” tienen ya en marcha una reforma para “tener un plan de salud laboral que permita más control del ausentismo (y) armar un legajo único por docente en el que figuren todos sus cargos”.

Es decir que se trata de un planteo de superexplotación y del traslado de los métodos de la disciplina fabril al trabajo escolar.

Duhalde tiene en estudio un plan que prevé “la eliminación de la estabilidad absoluta de los docentes y su reemplazo por una relación laboral en términos de contrato por tiempo determinado y la modificación del sistema de calificaciones por antigüedad” (El Día, 27/8).

De consumarse estos propósitos, en 1998, los docentes al frente de grado percibirían un premio a la “productividad” de más o menos 28 pesos (tercera parte del 20 por ciento prometido) a cambio de la caducidad total del Estatuto del Docente.

La Alianza no ha denunciado ninguno de estos propósitos, sino que al adjudicarle al gobierno ‘propósitos electoralistas’, prácticamente los ha convalidado. El vocero económico de la Alianza, Machinea, hizo causa común con Roque Fernández y descartó fondos adicionales en materia educativa. El economista del Frepaso, Arnaldo Bocco, sostuvo a su vez que “el gobierno podría destinar mayores fondos para la educación si combatiera la evasión impositiva, lo que haría innecesaria la creación de nuevos gravámenes” (La Capital, 15/9), lo que significa mandar el aumento para el siglo XXII.

El Partido Obrero denuncia a los impostores del gobierno y de la Alianza y plantea: 700 pesos de básico, paritarios de base, plan de lucha.