Como efecto de las medidas tomadas en medio de la crisis del coronavirus, miles de mujeres empleadas domésticas o de casas particulares están perdiendo su fuente de ingresos, porque les discontinuaron la tarea sin pagarles o porque directamente fueron despedidas.

Empleadores adinerados indican que no vayan a trabajar por temor a ser contagiados, pero no pagan los días caídos. Empleadores menos adinerados que por las consecuencias de la crisis -que se arrastra desde hace tiempo- sobre su realidad económica, cancelan la relación laboral. Otros utilizan al personal doméstico para que realicen sus compras o tareas que implican circular, restringiendo luego el acceso a las casas, como se ve en countries y barrios de sectores acaudalados.

Esto cuando, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), “en Argentina las mujeres representan a más del 95% del sector. Representan el 17% de las mujeres asalariadas en el país. Un trabajo que en muchos casos se inicia desde edades muy tempranas: el 5,6% de las niñas de 5 a 15 años dedica 10 horas o más a tareas domésticas”.

Se estiman alrededor de 1.150.000 mujeres empleadas en este rubro. El 75% trabaja de manera informal. Quienes trabajan registradas están bajo la órbita de un convenio que -con la firma de la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares- establece un salario mínimo de apenas $16.515 mensuales. A principios de marzo se anunció un aumento del 10%, que sin embargo todavía no se homologó en el Ministerio de Trabajo. Con semejante nivel de informalidad y ausencia completa de controles por parte del Ministerio, no obstante, la realidad salarial varía significativamente.

Crisis y reconocimiento

Bajo la consigna de #CuidaAQuienTeCuida se realizó en España, en medio de la cuarentena obligatoria para toda la población, un cacerolazo y una campaña en las redes en solidaridad con las empleadas de casas particulares.

“#TrabajadorasdeCasaParticular son jefas de hogar, deben recorrer largos trayectos, sus labores no pueden realizarse por teletrabajo y la precariedad laboral no les permite negociar ausencias en sus puestos de trabajo” señala alguno de los miles de posteos que reunió el hashtag. Sumamos a esto que muchas son mujeres inmigrantes sin derechos y perseguidas por su condición de tales.

La manifestación en redes estuvo destinada a las que siguen en actividad, intentando así poner en valor la tarea, una manifestación más de la gran militancia de las mujeres en el mundo por dar relevancia al trabajo que ha sido silenciado a pesar de su cotidianeidad y masividad.

Despidos y desprotección en Argentina y en el mundo

En el mundo, la OIT calcula que hay 70 millones de trabajadoras de casas particulares. En la Argentina es una de las fuentes de trabajo más extendida y precaria para las mujeres. Aunque existe una ley que regula la actividad desde 2013, lo cierto es que ningún gobierno destinó esfuerzo ni recursos para hacerla cumplir ni para garantizar un trabajo protegido a este millón de mujeres.

Como se puede observar dialogando con las mujeres que se sostienen mediante este trabajo de manera informal, y también de la lectura de decenas de comentarios que se apilan en la página de facebook del Sindicato del Servicio Doméstico (Union del Personal Auxiliar de Casas Particulares), el estado de situación es desesperante:

“XX: Consulta yo tengo a mi papá que tiene 76, sufre diabetes para mí es un riesgo ir a trabajar y volver dónde está él (vivimos juntos) me corresponde quedarme? O tengo que ir igual?

WW: Tenés que avisar porque no podés poner en riego a tu papá y tiene que pagarles.

Sindicato Servicio Doméstico: no está incluido ese caso.

Sindicato Servicio Doméstico: toma en tu casa al llegar todos los recaudos.” 

Otras cuentan directamente que perdieron el trabajo o relatan la incertidumbre que están viviendo. Muchas le recuerdan al sindicato que olvidó reproducir el inciso del decreto presidencial que habilitó licencias por tener niños escolarizados.

El sindicato UPACP está dirigido por Lorenza Benítez y acaba de sacar un comunicado llamando al “diálogo entre empleadores y empleadas”, lo cual es un absurdo porque la función gremial es intervenir directamente frente a la asimetría de poder que existe entre unos y otras.

En charlas con compañeras empleadas domésticas hemos detectado situaciones de semiesclavitud. En la provincia de Tucumán varias contaron tener que hacer múltiples tareas, incluido el cuidado de niños, a cambio de $300 por 8 o 10 horas de trabajo. Esta realidad tiende a profundizarse frente al crecimiento de la necesidad. La vulnerabilidad a la que está sometido este gran gremio es total y trasciende el ámbito laboral; el abuso sexual sobre niñas y mujeres que cumplen tareas de servicio doméstico es corriente en diversos puntos del país.

Un programa para organizar a las empleadas domésticas

Exigimos al gobierno que se haga cargo de la pérdida de ingresos que se produce por la alta informalidad de la actividad y que pague un seguro –no inferior a los $30.000 mensuales- a las mujeres que viven de este trabajo durante los próximos seis meses, habilitando para este fin un número de referencia al cual llamar y medios virtuales para poder contactarse.

Reclamamos también que disponga un dispositivo del Ministerio de Trabajo para que los empleadores con propiedades y recursos comprobados paguen integralmente los haberes sin recortes de ningún tipo, ya sea que mantengan al personal en registrado o sin registrar.

Estando registradas y dentro de las licencias establecidas por los decretos nacionales (ser mayor de 60 años, estar inmunodeprimida por tener enfermedades preexistentes, o tener hijos que cuidar) en caso de que sean citadas a trabajar pueden mandar un telegrama gratuito notificando que se encuentran comprendidas dentro de las licencias establecidas por el Decreto 260/2020.

Desde el Plenario de Trabajadoras y desde el Polo Obrero realizaremos, mientras dure la pandemia, un relevamiento virtual para ayudar a las compañeras a afrontar los atropellos de que sean víctimas y luego poner en pie reuniones para recuperar sus trabajos o exigir al Estado los subsidios que correspondan.

El salario de las trabajadoras de casas particulares es de los más bajos del país siendo el gremio más grande. Necesitamos organizarnos para modificar esta realidad. Todo empleador/a que tenga patrimonios e ingresos que lo permitan debe abonar salarios que no estén por debajo de los $45.000, que es lo que se necesita para superar la línea pobreza. En los casos de aquellos empleadores/as que no puedan afrontar ese salario el Estado debería pagar un subsidio financiado sobre la base de impuestos progresivos a las grandes fortunas. Para reducir esta forma de empleo es fundamental industrializar el país, que las mujeres tengan posibilidades de ingreso a trabajos registrados y productivos, que el Estado y las patronales avancen en obras para la socialización de tareas domésticas y de cuidados, y muchas otras iniciativas.

Aún bajo la pandemia y sin circular, tenemos mucho por hacer para organizarnos contra las arbitrariedades patronales y gubernamentales.