¿El Juzgado Nacional del Trabajo Nº 12 dispuso la reinstalación de nuestra compañera Fernanda Helvig, candidata por la Lista Naranja, despedida por la empresa Casoli, poco después de las elecciones del año pasado. El fallo ordena a Casoli “abonar la totalidad de los salarios caídos hasta el presente” y fija el pago de “una multa de 50 pesos por cada día de incumplimiento”.

Para la patronal, la sentencia constituye un grave revés.

Como delegada de Casoli, Fernanda enfrentó las rebajas salariales, las suspensiones y los innumerables atropellos de un empresario negrero como pocos. Su desplazamiento de la interna fue el resultado de un operativo fraudulento. En el último año, las condiciones de trabajo han empeorado sensiblemente, igual que el maltrato, sobre todo a las compañeras.

La otra gran perjudicada por esta reincorporación, requerida por la Dra. Bracamonte, también patrocinante en el juicio del Puente Pueyrredón, es, por supuesto, la camarilla ongarista, que fue cómplice, si no instigadora, del despido.

Como todo el mundo sabe, la dominación de la burocracia se asienta en un implacable mecanismo de persecución contra el activismo, que incluye la delación.

Estructurar una lista clasista como la Naranja en las condiciones carcelarias que imperan en la mayor parte de las fábricas y talleres gráficos es por sí solo una enorme conquista. En eso justamente radica la trascendencia de esta resolución judicial. Sienta un antecedente de cara a los reclamos de reinstalación, aún pendientes, contra AGR-Clarín, y contra la más explotadora y despótica de las “empresas”: la Obra Social Gráfica.