Tras el fin de la conciliación obligatoria, hace unos días, es necesario hacer un balance de lo sucedido y deliberar sobre cómo debe seguir el conflicto desenvuelto en Dánica en tiempos de cuarentena, que implicó cinco despidos, un paro de actividades y luego un lock out patronal que duró varios días.

El sindicato (Soeia) firmó recientemente, de manera inconsulta, con la patronal un acuerdo en los términos de ésta última, en el que se mantiene la enorme deuda salarial, pisoteando el convenio aceitero y garantizando la “paz social” durante 4 meses, en los que no habría despidos y durante los cuales los trabajadores no pueden retomar las acciones gremiales en reclamo de importantes sumas de salarios adeudados, que fue lo que desató el conflicto. Por su parte, los cinco compañeros despedidos pudieron reingresar a la planta cuando la empresa acató la conciliación obligatoria.

El resultado del acuerdo inconsulto es que la empresa logró imponer que los trabajadores hagan horas extras con jornadas larguísimas, exponiendo aún más la salud de los compañeros en el marco de la pandemia, mientras aumenta la producción, ventas y ganancias. Por otra parte, la empresa se ve beneficiada con el subsidio que decretó Alberto Fernández del pago del 50% de los salarios con los fondos de la Anses, es decir, otra empresa subsidiada por los jubilados.

No se respeta el convenio aceitero

El conflicto en Dánica tiene sus raíces en una enorme deuda salarial que mantiene la empresa con los 150 trabajadores de la planta, ya que no abonó el aumento del 11% de julio del 2019 ni el bono de fin de año, equivalente a un salario completo. Esta deuda ronda los $250.000 a cada trabajador aceitero de Dánica. En reclamo por este recorte salarial en los hechos, los trabajadores realizaron un quite de colaboración que el Grupo Beltrán respondió con cinco despidos, desconociendo el decreto limitado de Alberto Fernández que prohíbe despidos; la empresa pretendía establecer jornadas de 12 horas, en plena cuarentena, para sostener las importantes ventas que se venían realizando, pero sin pagar las deudas salariales.

La patronal cordobesa que arribó a Llavallol hace año y medio viene desenvolviendo ataques a las condiciones de trabajo y al salario, destrucción de puestos de trabajo mediante despidos directos o retiros voluntarios, y finalmente incumpliendo el convenio aceitero que la Federación Aceitera firmó con las cámaras patronales. En todos estos meses no hubo ninguna acción de la Federación para exigir el cumplimiento del convenio firmado.

Que se convoquen asambleas

La respuesta obrera surgió desde la base, al igual que el paro contra los cinco despidos, y todas las medidas se fueron discutiendo y votando en asamblea, lo que tiene larga tradición en esta planta. La patronal, que largó un lock out y desconoció la conciliación obligatoria del Ministerio de Trabajo bonaerense, recibió a Kicillof luego que éste amenazara con colocar una multa, y retomó rápidamente las actividades, amedrentando a los trabajadores, con escribano de por medio, para que realicen horas extras. El Grupo Beltrán pasó de la amenaza de multa de Kicillof, al subsidio de Anses para el pago de salarios.

El “cierre” del conflicto por parte del Soeia, sin convocar asamblea de fábrica para que los trabajadores deliberen y decidan, debe ser rechazado; la principal reivindicación que dio inicio al conflicto fue la deuda salarial y el respeto al convenio aceitero. Recientemente la Federación firmó un nuevo convenio con un aumento del 25% y cláusula de revisión en agosto, llevando el salario básico inicial a $68.678; pero lejos de esto, en Dánica no se respeta ni el convenio del 2019. Es necesario que se convoquen asambleas en Dánica, y en cada fábrica aceitera, que resuelvan un plan de acción para que se garantice el cumplimiento del convenio y los aumentos salariales en todas las plantas aceiteras del país.