Con la caída del recurso de amparo del juez Gallardo, que proponía una instancia muy condicionada de negociación, el conflicto del subte quedó librado a las fuerzas en pugna.



La dirección de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP), luego de una prolongada tregua estéril, a la espera del accionar de la Justicia, quedó estuporosa y retrocede al punto de partida, retomando un camino que lleva cuatro meses de fracaso: apertura de molinetes, una línea día por medio, seguida de paro de dos horas en esa línea, en el horario de cierre. Una manifestación de impotencia que sólo puede provocar la desmoralización y descreimiento de los trabajadores.



En cambio, la patronal y el gobierno avanzan a paso redoblado. Crecen las sanciones, los trámites de desafuero y las causas de todo tipo contra delegados, directivos y activistas. A un delegado de estaciones de la Línea B, sin esperar el desafuero, le impiden tomar servicio -un despido de hecho. Se mantiene el bloqueo bancario para el aporte de las cuotas gremiales a la cuenta de la AGTSyP y hay evidencias de la existencia de una lista negra de potenciales despidos.



A todo ello se han agregado ahora una serie de provocadoras sanciones arbitrarias en diferentes sectores, sin prueba alguna, que están creando en la base un principio de resistencia. Más allá de la estafa paritaria urdida de la mano de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) -5,7% de aumento en el semestre, contra una inflación de 16% en este período- o la amenaza a la propia legalidad de la AGTSyP, estas sanciones son como el cruce de un límite. La sensación extendida es que “si esto pasa, la patronal va a imponer el reino del terror”. En la Línea B, sanciones de este tipo están siendo consideradas por asambleas de sector con vistas a tomar medidas de acción directa. Lo que la conducción viene frenando por arriba, amenaza desbordarse por abajo. La combatividad de los trabajadores del subte -hoy sin canalización- está, a pesar de todo, viva.



La Agrupación Naranja del Subte está realizando una fuerte campaña en favor de la realización de una asamblea general que vote y organice un plan de lucha para quebrar la ofensiva macrista, y por un llamado a los gremios opositores de la Ciudad a organizar un plan de lucha común contra el ajuste y los despidos. La Ejecutiva del sindicato, tanto en su mayoría kirchnerista como en su minoría Bordó-Violeta (PTS más kirchneristas disidentes), se oponen a convocar la asamblea general. En su lugar se monta una rutina de “mandatos” que, en teoría, debe elegir la base de los sectores, de un “múltiple choice” de alternativas ofrecidas por el cuerpo de delegados, cuyo resultado se informa por WhatsApp. Cero debate y un sinfín de manipulaciones posibles, que terminan siempre con la hegemonía del oficialismo sobre la base de resultados de no más de un tercio de los sectores del subte.



Detrás de esta resistencia a la asamblea, existe la convicción de evitar una lucha frontal contra el ajuste oficial. Prima la concepción de acciones mediáticas anodinas, de cotillón -como repartir café a los usuarios-, que mantengan una ficción de lucha, mientras el gobierno “se quema”, con vistas a una salida electoral en 2019 que coloque al kirchnerismo en el podio. Mientras tanto, es hoy, en este 2018, que se pierden las conquistas y se disipa la fuerza de la organización obrera.



Todo consiste en preparar activamente el momento, no lejano, en que los trabajadores pasen a la ofensiva. El activismo debe reagruparse alrededor de estas conclusiones.