El día 13 de marzo el gobierno de la provincia de Córdoba despidió a siete trabajadoras precarizadas del programa CbaConEllas, que contiene el trabajo y atención de las líneas de “Protección a la embarazada”, “Cuarto mes de licencia por maternidad” y “CBA tierra de mujeres emprendedoras”. Se trata de trabajadoras monotribustistas que desempeñan tareas para el gobierno provincial, tercerizadas por medio de una fundación externa a quién le efectúan su facturación.

Estas trabajadoras, que desempeñan tareas en una de las áreas más sensibles, fueron notificadas vía telefónica que no se presenten a trabajar a partir del 16 de marzo puesto que sus contratos se encontraban sin renovar desde el 29 de febrero y el Ministerio de la Mujer no cuenta con los fondos necesarios para sostenerlos. En medio de la incertidumbre y la desinformación, las trabajadoras se hicieron presentes en sus lugares de trabajo y en el propio Ministerio, donde no encontraron ningún tipo de respuestas.

Los despidos vienen luego de que el programa pasara a depender del Ministerio de la Mujer, donde sufrieron un progresivo recorte presupuestario que fue cuestionando el normal desarrollo de las actividades que desenvolvían hasta el año pasado. 

En medio de la pandemia, los despidos en el Estado son una política criminal. En este caso, no sólo afecta de manera directa a las monotribustistas despedidas (dejándolas sin ingresos a sabiendas de la situación de parálisis económica y recesión que se avecina), sino que golpea de manera directa sobre uno de los sectores más vulnerables en esta crisis, como lo son las mujeres madres, las que transitan un embarazo y las mujeres trabajadoras.

La extendida precarización laboral, que ha cobrado vuelo en el Estado provincial durante los últimos años, deja en una situación alarmante a miles de trabajadores y trabajadoras que no podrán sostenerse durante el período de cuarentena. El gobierno provincial debe responder garantizando la estabilidad laboral y el salario de los centenares de trabajadorxs precarizadxs que mantienen una relación de dependencia con el Estado, sin despidos ni recisiones de contratos. Asimismo, es necesario proceder de manera urgente a un pase a planta permanente, como así también al reforzamiento de todos los servicios de atención y asistencia a los sectores más vulnerables.

En segundo lugar, se plantea la necesidad de avanzar en la prohibición de despidos y suspensiones, como así también la disposición de los recursos necesarios para que a lxs precarizadxs del sector privado se les garantice su ingreso salarial.

Desde la bancada del Frente de Izquierda impulsamos una serie de iniciativas parlamentarias tendientes a blindar a lxs precarizadxs en medio de la crisis, y nos sumamos a la exigencia de inmediata reincorporación de las trabajadoras despedidas, que se les abone el salario del mes de marzo y el inmediato pase a planta.