La reunión del secretario general de la Uocra y dirigente nacional de la CGT, Gerardo Martínez, con Javier Milei respecto a la aplicación del Fondo de Cese Laboral (FCL) que se utiliza en la construcción volvió a poner en agenda la naturaleza del régimen especial que las patronales proponen extender para terminar con las indemnizaciones y multas laborales. Un sistema que favorece los despidos y la inestabilidad laboral y termina, entre otras cosas, con el ítem antigüedad.

Martínez volvió a referirse a la cuestión del FCL en una exposición este martes en el ciclo Democracia y Desarrollo, gestionado por Clarín, donde se refirió al encuentro con el “liberal” Javier Milei.

El Fondo de Cese Laboral consiste, en resumen, en un régimen especial de cobertura ante despidos, financiado mensualmente y sin observaciones respecto a las desvinculaciones (justificadas o injustificadas), que suprime las indemnizaciones y multas en beneficio de los trabajadores, liquida la antigüedad y abre la posibilidad a nuevos ajustes.

Fondo de Cese Laboral en la construcción

El régimen el FCL se aplica actualmente en la construcción mediante la ley 22.250 tuvo sus orígenes en las gestiones de un colaboracionista de la dictadura de Juan Carlos Onganía: el secretario general de la Uocra Rogelio Coria, quien más tarde sería muerto a manos de Montoneros. Lo que se denominó en aquel entonces como Ley Coria pasó a ser la ley 22.250 bajo la última dictadura militar del ´76.

El mecanismo del FCL consiste en la supresión de la indemnización por despido a cambio de un fondo constituido con el aporte mensual a cargo del empleador equivalente al 12% del salario de cada trabajador, durante el primer año, y luego el 8% superados los primeros 12 meses.

Los aportes son destinados a una cuenta bancarizada y entregados al trabajador una vez terminada la relación laboral, sin que sea necesaria justificación y/o compensación adicional alguna.

Este procedimiento atenta contra el principio de estabilidad laboral que emana de la normativa vigente, donde se deberían sancionar los despidos injustificados. De allí que la industria de la construcción tenga su propio régimen especial.

Las consecuencias

La existencia del FCL incorpora otros problemas. Contrario a lo que argumentan sus defensores respecto a que permitiría crear nuevos empleos desbloqueando el miedo patronal a los “altos costos” para despedir, resulta en un sistema que favorece las desvinculaciones laborales ante cualquier contingencia. Algo que se ha visto con claridad, por ejemplo, con los cientos de despidos de Paolo Rocca y Techint ante la pandemia de Covid-19.

Si se ven las estadísticas de empleo formal en la construcción de los últimos 15 años puede notarse que el empleo no crece, sino que oscila por periodos dependiendo de las necesidades de las patronales del sector. Además, es sabido que la industria de la construcción tiene uno de los índices de informalidad laboral más altos del país, que se calcula en la misma cantidad que trabajadores formales.

Por otro lado, la existencia de un fondo que se financia mensualmente y que facilita la desvinculación del trabajador es un aliciente para la liquidación del ítem antigüedad, algo de lo que se goza poco y nada en la construcción. Mientras que el fondo integrado por los aportes patronales, en un país con una elevada inflación, suele desactualizarse con la aplicación de intereses inferiores a la evolución de los precios.

Se suele decir que de esta manera el trabajador es quien se paga su propio despido, porque para las patronales no existe una diferenciación entre lo que se paga de salario y lo que se paga como aportes y contribuciones, sino que todo es contabilizado como “costo laboral” y suele quedar involucrado, de conjunto, en las negociaciones salariales. La generalización de este sistema también podría dar lugar a futuros ajustes que reduzcan el aporte patronal o establezcan un eventual aporte mixto, como ocurre con las obras sociales y/o las jubilaciones.

De todas maneras, existe un sector de las patronales que plantean reservas sobre la implementación del régimen de la construcción, debido a que no los convence la idea de pagar mensualmente algo que por otros medios evitarían desenvolver. Las patronales suelen encuadrar los despidos en causales truchas de justificación o se valen de otros mecanismos como los recursos preventivos de crisis para disminuir los montos indemnizatorios.

Cabe señalar que la burocracia sindical ya se encuentra estrechando vínculos con Milei, por medio de Martínez, Barrionuevo y otros, en vistas a un eventual gobierno de La Libertad Avanza. Lo que demuestra que la burocracia no ofrece ningún camino para desenvolver las reivindicaciones obreras, sino un sendero que conduce directamente a la reforma laboral antiobrera y a mayores penurias para los trabajadores.

La oferta de Gerardo Martínez a las patronales y sus representantes políticos opera sobre la base de un gremio donde las condiciones laborales han sido degradadas sistemáticamente llegando al punto del empleo de la fuerza física y las patotas, como práctica regular, para hacer pasar el ajuste. De todas formas, no deja de ser un mecanismo en el cual se inspiran Milei y compañía para avanzar contra las condiciones de vida del conjunto de los trabajadores.

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