En una repartición de la ad­ministración pública provincial donde se agitó profusamente la declaración “Hay una salida”, un compañero del partido fue interrogado a boca de jarro: “¿por qué no nos explica en qué consiste el reparto de las horas de trabajo?”.

En la provincia (y en el país) todos los problemas políticos y sociales pueden resumirse en uno solo: el de los ingresos de los trabajadores y su jornada de trabajo.

En Córdoba, existen personas en condi­ciones de trabajar, lo que se llama la “fuerza laboral acti­va”. De esta masa, los que tra­bajan producen por valor de millones de dólares anualmente, el producto bruto de la provincia según datos de 1997. Pero en la actualidad, bajo el régimen social capitalis­ta sólo una porción menor de esta producción beneficia a la clase trabajadora, que consti­tuye la gran mayoría de la po­blación. El grueso va a parar a la clase capitalista la cual, con todos sus defensores y parási­tos, sólo constituye una décima parte de la población total.

En Córdoba, del total de tra­bajadores en condiciones de pro­ducir, un 27% revista en la con­dición de desocupado o subempleado, unos 324.000 personas sometidas a una condición cada vez más penosa e intolerable.

De los 900.000 que tienen trabajo, según datos del Minis­terio de Trabajo para todo el país, el sueldo promedio ponde­rado de los trabajadores en blanco (que cobran 683 pesos promedio) y “en negro” (380 pesos) es de 565 pesos mensua­les, o sea 2,80 pesos la hora (Clarín, 8/11). Los ingresos sa­lariales de estos 900.000 traba­jadores sumarían, en el año, 6.585 millones de pesos, lo que equivale al 25,8% del Producto Bruto Interno, una proporción que revela que sólo la cuarta parte de una enorme produc­ción beneficia a quienes la crean (proporción que, de todas maneras, está inflada porque considera el promedio de ingre­sos salariales de todo el país y no de Córdoba, donde es más bajo).

Reparto de horas

Si se toman todas las horas trabajadas actualmente en la provincia y se las reparte entre todos los que pueden trabajar sin afectar el salario, se puede asegu­rar a todas las familias obreras un nivel de ingresos tolerable, digno de seres humanos raciona­les, con una jomada de trabajo más corta. ¿Aceptarán esta sali­da las patronales, a pesar de los inmensos beneficios amasados, a costa del sacrificio obrero y del subsidio del Estado, en la última década? Ni pensarlo. Exige la mo­vilización política sobre el Estado para imponer “nuestra” salida: prohibir los despidos y suspensio­nes, decidir el reparto de las ho­ras de trabajo y, entre tanto, re­solver un seguro al parado de 500 pesos sobre la base de un impues­to al gran capital. “Hay una sa­lida” que exige que las organiza­ciones obreras y populares rom­pan con las patronales, que se construya una alternativa obrera independiente, que gobiernen los trabajadores.