Vanesa Costancio, militante del Partido Obrero y la Lista Rosa de Tribuna Docente de Caleta Olivia, es víctima de la persecución de una supervisora, bajo el lineamiento de las autoridades del Consejo Provincial de Educación (CPE).

Basta con mencionar que le labraron un acta por dar una opinión sobre las condiciones estructurales y sanitarias del entorno de la escuela donde trabaja. Dicha opinión fue publicada en su perfil de la red social Facebook, en oportunidad de la visita de Cecilia Velázquez, presidenta del CPE, donde la docente la invitaba a caminar por fuera de la Escuela Primaria N°29 como lo hacen estudiantes y docentes todos los días con las redes cloacales rebalsadas.

Es preciso aclarar que la docente no figura con su apellido en redes sociales, solo con su primer nombre, es decir, la publicación puede haber sido emitida por cualquier persona con el nombre Vanesa, lo que demuestra que, para llegar a la docente en cuestión, se realizó un trabajo de espionaje previo para constatar que se trataba de ella. Algo que el Estado tiene prohibido llevar adelante de manera interna.

En la misma semana, las y los compañeros de Adosac Pico Truncado denunciaban aprietes llevados adelante por una patota de funcionarios al equipo directivo de la Escuela Secundaria N°14. El colegio venía siendo noticia por los problemas edilicios y por la acción de estudiantes y tutores que reclamaban los arreglos pertinentes para poder estudiar bajo condiciones óptimas que debe garantizar el Estado.

Persiguen a referentes gremiales

La decisión de perseguir referentes gremiales, que reclaman por las pésimas condiciones edilicias en las que es obligada a trabajar y estudiar la comunidad educativa, se inscribe en un cuadro creciente en todo el país de criminalizar y amedrentar la protesta social, en la misma vereda que las persecuciones y los encarcelamientos de Gerardo Morales en Jujuy, la represión en Chaco a quienes reclamaban asistencia alimentaria por el gobierno de Gustavo Martínez o el procesamiento de compañeros en Mendoza por parte del gobierno de Rodolfo Suárez por participar del acampe piquetero.

Esta es la muestra cabal que la tan mentada “grieta” entre la oposición patronal y el oficialismo, abarcando incluso sus rencillas internas, se cierran cuando se trata de la represión, la persecución y hasta el espionaje a quienes luchan contra el hambre, en defensa de la educación pública y a favor de los derechos del pueblo trabajador. La cara opuesta de los intereses que defiende el régimen de los que cerraron filas con el FMI: el Frente de Todos, Juntos por el Cambio y los pretendidos “liberales” que atacan permanentemente a los piqueteros y los luchadores.

Hay que avisarle a Máximo Kirchner por si no se enteró. El gobierno de su tía, Alicia Kirchner, es la que comanda estas directivas de aprietes, amenazas y espionaje sobre nuestras redes sociales. La que envía a sus funcionarios del Ministerio de Asuntos Sociales y Trabajo a atacar el acampe de las y los desocupados, el mismo que Máximo decía demagógicamente que “hay que entender”.

El rol de la burocracia y cómo enfrentamos esta ofensiva

Al servicio de esta política de persecución se pone a la cabeza la burocracia de ATE con Alejandro Garzón, que ahora dirige la Secretaria de Medios, entre cuyas funciones se encuentra el control de las publicaciones en redes sociales. Este aspecto profundiza la alianza del gobierno con la burocracia sindical traidora.

Adosac debe enfrentar estos ataques. Por tal motivo llamamos a la conducción a convocar a asambleas y congreso para votar un plan de lucha que enfrente estos atropellos.

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