El Estado y la burocracia están lanzados a un ataque en regla contra los sindicatos que no están bajo el control de Barrionuevo o Miguel.

La burocracia menemista de Gerardo Martínez resolvió intervenir la UOCRA Neuquén, lo que no ha podido efectivizar por la resistencia de los trabajadores. En General Sarmiento y otros distritos de la provincia de Buenos Aires, la Federación de obreros y empleados municipales —también menemista— ha resuelto intervenir los sindicatos locales. La Justicia —a instancias de la burocracia de West Ocampo— nombró un interventor en ATSA Buenos Aires. La burocracia de la FATI (Trabajadores de imprenta) suspendió la afiliación del sindicato gráfico cordobés y le canceló la administración de la Obra Social. También en Córdoba, la directiva del sindicato de Obras Sanitarias tiene un proceso judicial abierto por acusaciones formuladas por el presidente de la EPOS (Empresa Provincial de Obras Sanitarias).

En forma directa el Ministerio de Trabajo acaba de resolver la intervención de la Asociación del Personal Aeronáutico, que agrupa al personal administrativo de las líneas aéreas y es el sindicato aeronáutico que cuenta con mayor número de delegados. Según denuncian sus directivos y delegados, la intervención de A.P.A. se produce porque el sindicato “viene levantando (sus banderas) contra la privatización de la aerolínea estatal"

La burocracia, la justicia y el Ministerio de Trabajo actúan como instrumentos de una misma mano. Los ataques contra los sindicatos son una consecuencia inevitable del rumbo del gobierno capitalista, que exige poner al movimiento obrero fuera de la ley — decreto antihuelgas, denuncia de los convenios.

La CGT Azopardo no moverá un dedo frente a estos ataques, no sólo porque es un rehén del gobierno sino porque es parte interesada en que el Estado reviente cualquier tentativa antiburocrática.

Es necesario un frente unido contra la ofensiva estatal-burocrática que, si quiere tener alguna perspectiva, no puede agotarse en la denuncia y la movilización de solidaridad. Se trata de poner en pie un comando nacional de direcciones, delegados, agrupaciones y listas que se planteen la expulsión de la burocracia de los sindicatos y un programa basado en la democracia sindical, la independencia frente al Estado y los partidos tradicionales y la lucha de clases.