Al término de la jornada nacional de lucha, impulsada por el Polo Obrero, el Frente Piquetero de Lucha y otras organizaciones, los convocantes obtuvieron el compromiso del gobierno nacional de un inmediato restablecimiento de la entrega de alimentos para los comedores populares y para las familias de las barriadas obreras. 

La acción de las organizaciones piqueteras trascendió en todos los medios nacionales, luego de que el Polo Obrero ya hubiera protagonizado una medida similar el pasado 1° de Mayo, que culminó con una movilización a la Plaza de Mayo. En esta oportunidad, otras organizaciones se sumaron a las manifestaciones debido al agravamiento de las condiciones de vida en los barrios más humildes, donde escasean los alimentos, los insumos sanitarios y los ingresos económicos.

La jornada fue de carácter nacional, con epicentro en el centro porteño, con una concentración que duró algunas horas en el Obelisco. En la provincia de Neuquén se realizaron acciones en el centro, Plottier, Zapala, Cutral Có y Chos Malal, obteniendo algunas reuniones con funcionarios locales para la provisión de alimentos. En Córdoba, el solo anuncio de las acciones había arrancado ya algunas demandas, lo cual fortaleció la jornada. En Mendoza también se realizaron acciones y en el cuadro de esta lucha han obtenido compromisos de ampliación de módulos alimentarios provinciales, kits de higiene y discutir sobre los alimentos frescos. En Caleta Olivia (Santa Cruz), los compañeros se dirigieron a la municipalidad donde, tras recibir amenazas de la seguridad del intendente, lograron presentar un petitorio con sus demandas.

En las provincias de Chaco y Santa Fe (Villa Constitución), los compañeros y compañeras fueron detenidos por los efectivos policiales mientras se manifestaban pacíficamente (ver nota). Se trata de una política de amedrentamiento y de persecución de los luchadores que busca evitar nuevos reclamos, en un marco signado por el crecimiento de la pobreza y las profundas carencias materiales y sanitarias en las principales barriadas populares. La reunión arrancada a los funcionarios de Desarrollo Social de Nación no comenzó hasta que se diera la indicación de liberar a los compañeros detenidos en ambas provincias, cuestión que se obtuvo a los pocos instantes.

Una delegación de los compañeros concentrados en el Obelisco fue recibida por el subsecretario de Políticas Territoriales, Gustavo Aguilera, quien se comprometió al restablecimiento del cronograma de entregas de alimentos secos a partir de la semana entrante. Este se excusó en que las demoras tenían que ver con la crisis abierta por los sobreprecios en la compra de los alimentos y que las empresas proveedoras se negaban a vender a los precios fijados por el gobierno. Desde el Polo Obrero y las organizaciones presentes le manifestaron que si esto era así, el gobierno debía denunciar públicamente a las empresas responsables y que, de lo contrario, serían cómplices de esta extorsión contra el pueblo trabajador. A su vez, manifestaron que el gobierno tiene los recursos y las medidas necesarias, como la ley de Abastecimiento, para hacer valer el cumplimiento de lo dispuesto. 

La crisis de desabastecimiento ya es algo que reconocen propios y ajenos. Juan Grabois, quien no disimula su apoyo al gobierno de Alberto Fernández, manifestó ayer a los medios que “ahora no roban y no hacen”, en referencia a la escasez de alimentos en los comedores populares (Clarín, 5/5). Desde las organizaciones piqueteras independientes señalaron que esto se superaría fácilmente si el gobierno dispusiera de un seguro económico mensual de 30.000 pesos para todos los desocupados; sin embargo, a la fecha aún no se han ejecutado la mayoría de los pagos del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de tan solo 10.000.

Los convocantes a esta contundente jornada nacional manifestaron que ellos son los primeros defensores de la cuarentena y que si salían a la calle, bajo estas circunstancias, se debe a que no existen garantías materiales para cumplir con el aislamiento obligatorio, lo que ha llevado a que en muchos casos se agrave el contagio en las barriadas populares. Han anunciado que postergarán la continuidad del plan de lucha resuelto hasta el próximo miércoles, tiempo en el que evaluarán si el gobierno cumple con los compromisos asumidos. También reclaman que no se avance en la judicialización de la protesta social y en el armado de causas judiciales contra los compañeros detenidos por manifestarse contra el hambre.