Los conflictos por recortes y deudas salariales a choferes urbanos y de larga y media distancia se extienden en muchas provincias del país.

En Córdoba, Rosario, Santa Fe y Tucumán el paro del trasporte urbano lleva más de dos semanas; en zonas de San Luis tres semanas; mientras que el transporte interurbano de Córdoba supera los 40 días de paro. En la zona sur del conurbano pararon el 25 de mayo unas 30 líneas provinciales, y siguen con servicios reducidos. El conflicto por deuda salarial y recortes se puede extender a otras provincias en los próximos días. El recorte de viáticos por días no trabajados –un componente importante del sueldo- afecta a casi todas las líneas de Buenos Aires. Los choferes de larga distancia arrastran una fuerte deuda salarial, alcanzando dos meses en el caso de los 600 choferes de Plusmar.

Las patronales extorsionan a los trabajadores, negándose a pagar los salarios mientras reclaman más subsidios o amenazando con la quiebra y el despido de miles de compañeros. Los gobiernos provinciales y municipales se colocan como voceros de los grupos capitalistas del transporte como Dota, Metropol, Ersa, Autobuses Santa Fe, El Cacique, por mencionar algunos, y exigen nuevos subsidios al gobierno nacional; mientras atacan a los trabajadores con la judicialización de la protesta, como en Córdoba.

Crece la bronca

Los paros se extienden como la bronca en la base de los choferes. Las medidas que tomó la UTA, como los paros de mediados de abril y el 12 de mayo en todo el interior del país, reclamando salarios adeudados, no solo fueron acciones aisladas, sino que tuvieron por eje el reclamo de más subsidios para las patronales. El secretario general Roberto “Gallego” Fernández se apoya en el reclamo legítimo de los choferes para colocar al gremio como elemento de presión por los reclamos que levantan las cámaras patronales como la Federación Argentina de Transporte Automotor (Fatap).

Donde la base toma gran protagonismo, como en la importante movilización de UTA Córdoba, los dirigentes se reubican para evitar que el movimiento se extienda a todo el gremio. La segunda movilización cordobesa anunciada, fue levantada a cambio del pago de 15 mil pesos más para el sueldo de abril. En Rosario, la amenaza de una autoconvocatoria de los choferes en la puerta de UTA, arrancó el pago de una parte de los salarios adeudados de abril.

Miguel Bustinduy, el “opositor” moyanista que es delfín de la patronal Dota y que proviene del riñón de la burocracia del “Gallego”, no solo está borrado, sino que dejó pasar todo tipo de ataques a las condiciones de trabajo y salarios, y faltas de medidas de higiene en las líneas que dirige en el conurbano bonaerense. Esto debe ser tenido en cuenta por todos los luchadores que buscan un camino independiente de las patronales y del Estado, en su lucha por los salarios y los puestos de trabajo.

Asambleas y plenario por un plan de lucha nacional

El levantamiento de la cuarentena está poniendo al transporte público en el ojo de la tormenta. El aumento de los contagios, sobre todo en Buenos Aires, coloca el problema de la defensa de la salud junto al reclamo de salarios. Los ataques al sueldo de los choferes son parte de una rebaja salarial generalizada que afectó a amplios sectores del movimiento obrero con el acuerdo de la CGT-UIA y el aval del gobierno nacional.

En este cuadro convulsivo en la UTA es necesario impulsar asambleas en cada línea, y plenarios de delegados que deliberen y resuelvan un plan de lucha nacional, y que defienda un programa reivindicativo:

-Pago inmediato de los salarios completos a todos los choferes urbanos y de media y larga distancia

-Que el Estado se haga cargo del sustento de los choferes. Ningún subsidio a las patronales. Apertura de los libros de todas las empresas que adeuden salarios bajo control de una comisión electa por los trabajadores, para investigar el destino de los millones cobrados por subsidios y recaudación.

-Estatización de toda línea que despida o no pague salarios

-Abajo las imputaciones contra los choferes de Córdoba