El gobierno dejó trascender un borrador de reforma laboral, que actualiza el proyecto de ley enviado al Congreso en 2017 –freezado tras las jornadas de diciembre contra la reforma previsional.

Antes de introducirnos en un paneo de los principales aspectos del borrador oficial, vale mencionar que la difusión por lo bajo apunta a mostrar al gobierno de Macri –en la recta final hacia las Paso- con un compromiso real de avanzar con la flexibilización que reclama a gritos todo el arco empresarial. A esa presión se sumó recientemente el imperialismo norteamericano. En su reciente paso por nuestro país, el secretario de Comercio de Donald Trump, Wilbur Ross, consultó a empresarios y funcionarios del gobierno nacional cuál fue el motivo por el cual no avanzaron las reformas laboral y previsional, al tiempo que alagó el progreso de Brasil en ambos aspectos. El mensaje es claro, no se pueden demorar.

El proyecto

Según reseña Ámbito Financiero (7/8), en el texto -que se habría cocinado en la cartera de Dante Sica- se traza todo un ambicioso programa patronal. Los convenios laborales y las negociaciones colectivas por actividad son reemplazados por la negociación por empresa. Se elimina la ultraactividad (que establece que un convenio colectivo de trabajo tiene vigencia hasta que no sea reemplazado por uno nuevo) y los aportes solidarios a los sindicatos. Reformula además la presencia de delegados en el lugar de trabajo y el encuadramiento gremial sería definido por la patronal. Sería el fin de los CCT, un elíxir para los capitalistas, ya que implicaría la atomización general del movimiento obrero. Para predicar con el ejemplo, Vidal acaba de firmar un convenio con el sindicato de Comercio para encuadrar allí a los empleados de BaPro Medios de Pago y de Provincia NET, con sueldos que quedan a la mitad de los bancarios.

El borrador insiste con un “blanqueo laboral” premiando a las empresas precarizadoras y blindándolas ante futuros juicios laborales, al tiempo que elimina las multas por trabajo informal. Curiosa forma de estimular un blanqueo favoreciendo a los negreros. También se blinda a las empresas de cualquier responsabilidad laboral sobre los empleados de las tercerizadas, culminando un rumbo que ya había sido incorporado en la reforma del Código Civil y Comercial de Cristina Kirchner. Además, consagra pasantías sin relación de dependencia por un año, y crea las figuras de trabajador “autónomo económicamente vinculado” y la de “trabajador autónomo de plataformas”. Es evidente que se trata de una contradicción en términos, legalizando lo que hoy es considerado un fraude laboral: obligar al trabajador a facturar como cuentapropista cuando se encuentra en los hechos en relación de dependencia. Se trata más bien de un blanqueo del trabajo en negro, cuyas consecuencias ya las vemos hoy en el absoluto desamparo de los repartidores de las apps.

En esa misma línea, se baraja “uberizar” todo el rubro que hoy se encuentra encuadrado en Camioneros, prácticamente desmantelando el gremio. Es para tener bien presente que mientras el gobierno fogonea semejante golpe Moyano haya decidido levantar su acto gremial en Ferro, convocado inicialmente contra la reforma laboral. La línea del Frente de Todos es clara en cuanto a evitar toda acción que pueda despertar el más mínimo recelo de las cámaras patronales. Con el mismo libreto actuaron las burocracias aeronáuticas para bajarle los decibeles a los conflictos en curso.

Por supuesto también se retoman otros puntos que ya figuraban en el proyecto de 2017, como la polifuncionalidad, la creación de bancos de horas, la extensión del período de prueba, la limitación de las licencias, y la creación de un fondo de cese laboral para terminar con las indemnizaciones. Este último aspecto es el botín más reclamado por el capital. En un reciente artículo publicado por Infobae (30/7), el presidente de TN & Platex se relame ante la creación de un Fondo de Garantía Indemnizatoria aportado mensualmente por las empresas, para absolverlas de poner un peso en caso de despido, ya que la indemnización el trabajador la cobraría mes a mes hasta agotar los meses de antigüedad depositados. Eso, asegura, haría “desaparecer la distinción entre despido con y sin causa", y más aún “desaparecerá el pasivo laboral”. Nítidamente se trata de un plan de guerra contra la clase obrera.

Por una nueva dirección

La conducción actual del movimiento obrero es inservible para enfrentar tamaña ofensiva. Lo prueba que pactaron con Macri en 2017 para que pase la ley de reforma laboral (que terminó naufragando por las protestas de diciembre contra la reforma previsional), que han decretado una tregua absoluta y sin fisuras durante el 2019, y que se alinea en su mayoría tras Alberto Fernández que afirmó que no es partidario de una ley sino de avanzar convenio por convenio. Con esa definición, el candidato presidencial de Todos va a la saga de lo que ya ocurre, desde Vaca Muerta hasta el acuerdo de Mercado Libre con el gremio de Carga y Descarga. No exageramos si decimos que en este terreno los Fernández tienen el programa de Galperín.

La lucha contra la reforma laboral, en defensa de los convenios colectivos de trabajo y de las propias organizaciones obreras, es indisoluble de la lucha por una nueva dirección en el movimiento obrero. Con el apoyo a cada huelga y a cada ocupación de fábrica, con cada frente único en los sindicatos, con la unidad práctica de los ocupados con los desocupados, el clasismo se prepara como una alternativa.