Los estibadores de Terminal Puerto Rosario (TPR), de la que Vicentin es propietario junto a Ultramar, decretaron el paro por tiempo indeterminado y realizan un piquete en los portones desde hoy a la mañana.

Denuncian que la patronal amenaza con suspender trabajadores si el sindicato (Supa) no acepta una rebaja salarial, en relación a lo acordado en la paritaria del sector. La extorsión afecta a 1.500 trabajadores: “Fueron corriendo el arco continuamente. Ayer teníamos un principio de acuerdo y media hora después me llamaron para decirme que, si no aceptábamos suspensiones rotativas, era imposible seguir pagando sueldos”, dijo a los medios el secretario general del Supa Rosario, César Ayba.

Los estibadores fueron declarados personal esencial durante la pandemia, una exigencia de las agroexportadoras que no dejaron de operar y vienen reteniendo su producción presionando por una nueva devaluación. En San Lorenzo, se conoció que Cargill violentó los protocolos de seguridad e higiene debido a la denuncia que hizo un estibador contagiado de Covid-19.

Juez y parte

La privatización de los principales puertos del país a manos de las mismas empresas que acaparan el grano, la molienda y la exportación es una política que todos los gobiernos vienen sosteniendo desde los ’90. El Ente Administrador de Puertos Rosario (Enapro) fue denunciado por la última extensión del contrato de concesión de las Terminales I y II de Rosario, de parte del gobierno de Miguel Lifschitz que sin embargo firmó un “preacuerdo” antes de entregar el mando a Perotti que no ha tocado tampoco esos intereses.

El Enapro le llegó a pagar 60 millones de dólares a la concesionaria de TPR para que esta, a su vez, le pague a un privado de su elección el estudio de costos de las obras de reconstrucción de muelles que la empresa está obligada a hacer para mantener el contrato de concesión. No solo eso, el Estado también financió esas obras: “los 25 millones de dólares que debía poner TPR (léase Vicentin, NdR) para obtener 25 años más de concesión incluían intereses y costos impositivos por el crédito que tomarían para financiarlo, por lo que al final no llegaba a 10 millones el aporte de la concesionaria, quedando el Ente (el Estado, NdR) a cargo de desembolsar los 30 millones que faltaban para financiar la obra”, esto fue denunciado por el ministro de Infraestructura de Lifschitz.

 

Que la crisis la paguen ellos

Mientras el país debate los desaguisados del grupo Vicentin, los trabajadores salen a dar pelea contra el intento de descargar la crisis sobre sus espaldas. Es clave esta pelea en conexión con un debate de fondo sobre la complicidad de los sucesivos gobiernos con estos enormes privilegios que le permiten a los pulpos agroexportadores quedarse con una ganancia extraordinaria, mientras a lo largo de todo el cordón del Gran Rosario la situación laboral de lxs trabajadores es de extrema precariedad.

Está planteado recuperar el complejo agroexportador para las mayorías que viven y trabajan en Santa Fe y en todo el país. Nacionalización de los puertos. Estatización sin pago y puesta bajo control obrero de Vicentin.