A los pocos días de haber asumido, el gobierno macrista dictó un DNU de modificación de los ministerios y secretarías, de acuerdo con las “necesidades de racionalización” de la nueva administración. De este modo, el Ministerio de Educación es ahora de Educación y Deportes.

 

Por este DNU, el gobierno tuvo que excusarse, ya que estaba plagado de errores normativos tales como el encuadre en la Ley Federal de Educación, entre otros. Es que esta ley menemista y otras a las que hace alusión el gobierno en su DNU han sido derogadas, aunque fueron reemplazadas por otras votadas bajo el kirchnerismo con la misma orientación social: adaptar la educación a las regulaciones del mercado laboral precario.

 

Por ello, el propio gobierno no tuvo reparo en corregir su “error”, ya que la normativa kirchnerista vigente permite avanzar en el mismo sentido. Sin embargo, sobre la esencia del DNU no se modificó una sola letra. En este punto, la Evaluación Educativa convertida en una cuestión de Estado por las leyes kirchneristas se tomó al pie de la letra.

 

Por ello, a lo largo y ancho del país, bajo el lema de "calidad educativa", el gobierno pretende aplicar la evaluación a docentes, escuelas y estudiantes para introducir el salario por mérito, rankear escuelas, así como evaluar por resultados y competencias a los jóvenes, encarnando una tendencia más general en educación: flexibilizar el trabajo docente y adaptar a la educación a las necesidades cambiantes del capital en decadencia, degradando la fuerza de trabajo.

 

En el año 2014, el macrismo sancionó en la Legislatura porteña una ley de creación de la Unidad de Evaluación de la Calidad Educativa con estos objetivos. Sin embargo, en su texto de fundamentación, cita argumentos de la propia Ley Nacional de Educación y resoluciones del Consejo Federal de Educación sancionadas bajo el kirchnerismo, en tanto no encontró oposición en la dirección celeste K de la UTE-Ctera.

 

Esta no sólo no convocó a la docencia a rechazar y movilizar contra esta medida reaccionaria sino que presentó su propio proyecto. Es decir, ambos bloques comparten la orientación de responsabilizar a las/los docentes por los problemas sociales y educativos. 

 

 

El nivel de privatización de la educación en la Ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires es del 48 y 41%, respectivamente. Estas cifras indican el vaciamiento y el desfinanciamiento constante de la educación pública, con crisis edilicias, recortes, salarios magros y amplias capas de la población con carencias materiales y simbólicas que provocan dificultades educativas, deserción, repetición, sobre-edad, problemas de aprendizaje, etc. Todo eso acompañado con cierre de cargos de los Equipos de Orientación Escolar (psicólogos) de forma constante.

 

En el país, el 40% de la población de 0 a 17 años es pobre. Sustraer dichas condiciones de la tarea educativa significa una política de autoencubrimiento del Estado que no puede llevar adelante el sostenimiento de la educación, la alimentación y la vivienda de los niños/as. 

 

Pero hay otras aristas del problema igualmente importantes: el negocio de "formación permanente", en esta perspectiva, obliga a docentes a pagar posgrados en universidades e institutos, para poder "calificar" y adquirir mayor mérito y, por ende, salario.

 

Las declaraciones del ministro Esteban Bullrich proponiendo un salario básico común a los docentes del país y para ir después tomando otras variables para conformar el sueldo van en ese sentido. Ligado a esto está en la mira de los gobiernos de turno la liquidación del Estatuto del docente, conquista histórica, y la consecuente intención de regimentación de la docencia de todo el país.

 

 

El verso de la "calidad" se acompaña de un recorte de contenidos a enseñar, devaluando los títulos y orientaciones para adaptarlos a los requisitos del capital en crisis. Las reformas educativas recientes en el nivel medio y los planes de terminalidad (Fines y otros) son una expresión concreta de eso. Es decir, la estandarización, evaluación, el ranking y el salario por mérito son políticas propias de la mercantilización educativa y la flexibilización laboral.

 

Por eso rechazamos la evaluación y los términos acuñados por el gobierno, incluso por cierta literatura educativa 'progre' como el de "calidad", asemejando a la escuela con una empresa, atando su suerte presupuestaria y laboral a los resultados obtenidos.

 

En tanto, Vidal-Bullrich ya anunciaron la formación de un instituto evaluador para la provincia de Buenos Aires citando el ejemplo de la Capital. La Celeste de Baradel no convocó a la docencia a una deliberación que ponga un freno a los ataques del gobierno de Macri.

 

La lucha por las paritarias será también un terreno donde el gobierno intentará negociar y meter con las burocracias estas nuevas condiciones a la docencia. Debemos rechazarlo de conjunto e intervenir con un planteo independiente que quiebre la política de ataque a la docencia y a la educación pública de conjunto.

 

El 20 y 21 de febrero, Tribuna Docente-Lista Rosa Nacional llevará adelante el Congreso Nacional de Tribuna Docente para debatir un plan de acción que coloque en primera línea la defensa de la escuela pública.