Las negociaciones entabladas en la Legislatura bonaerense para introducir una reforma a la ley de expropiación de Lavalán (y dejar explicitado, sin lugar a controversia, que la materia prima estaba comprendida entre los bienes expropiados) culminó en un fiasco. Los diputados se negaron a respaldar el proyecto de reforma que venía con media sanción del Senado. Este episodio fue la señal para que la patronal volviera a la carga y reclamara nuevamente la devolución de la lana, bajo la amenaza de una nueva orden judicial de incautación de la materia prima.

Conocida la noticia, se pusieron en marcha los preparativos para resistir la medida, con el respaldo de vecinos, organizaciones piqueteras y asambleas.

En esas circunstancias, Luis Caro (abogado de los trabajadores y representante del Movimiento de Fábricas Recuperadas) vino con la propuesta, previamente consensuada con los dueños, de entregar la lana a cambio del pago al contado y por adelantado por parte de los propietarios del “servicio” de lavado realizado por los trabajadores (como si se tratara de un trabajo a facon). Es decir, la propiedad de la materia prima – que era lo que estaba en disputa – le es reconocida a la patronal, que termina, por esa vía, recuperando la lana, cuyo valor comercial asciende aproximadamente al millón de pesos.

Esta propuesta fue presentada en forma de ultimátum: o se la acepta o se viene la represión policial. Bajo esta presión, la mayoría de los compañeros de la planta terminó aprobando ese arreglo. Una minoría cuestionó, sin embargo, el acuerdo planteando que no entendía por qué 20 días antes se había defendido a muerte la lana para luego terminar entregándola de esa manera.