Luego de una gran campaña de los trabajadores de fast food ante las suspensiones y recortes salariales, donde se difundieron declaraciones y denuncias a través de los hashtag y flyers en redes sociales, el sindicato de Pasteleros y las empresas se vieron obligadas a llegar a un acuerdo para contener al movimiento que se desarrollaba. Así fue informado por la gremial en un comunicado la semana pasada; mientras que el medio Gestión Sindical informaba días después (24/7) sobre el “borrador que se prepara a firmar”.

El intento de contener el movimiento de protesta no se ha logrado y difícilmente se logre, en primer lugar porque el arreglo representa un nuevo robo al bolsillo de los trabajadores. Con el aval del Ministerio de Trabajo –cuyo titular, Claudio Moroni, estuvo presente en la reunión-, y apoyándose en las “excepciones” contempladas en el decreto presidencial sobre despidos, no solo se quita nuevamente el presentismo a los trabajadores, sino que les recorta un 30% de los haberes que perciben habitualmente. Para ocultar este nuevo ajuste, las patronales implementaron que las horas que se le paguen a los trabajadores estén exentas de los descuentos de aportes, exceptuando el de la obra social.

A pesar de tal pacto, el 21 de abril (día que se depositaron los sueldos de la primera quincena), continuaron las denuncias de recortes salariales, llegando en algunos casos a ser mayores que los de la quincena anterior.

Otros trabajadores se enteraron del cierre definitivo de sus sucursales, lo que representa que se produzcan nuevos despidos o recortes de horas en otras tiendas; esto cuando, en teoría, esta reducción del 30% era necesaria para preservar los puestos de trabajos y el pago de los sueldos. Todo lo cual muestra el carácter inocuo de decreto “antidespidos” del gobierno.

¿Innovación o precarización?

Con la reapertura de algunas tiendas en modalidad de delivery, se difundió un archivo que la empresa Arcos Dorados (franquicia de McDonalds) les envió a sus empleados, informándoles que a partir de ahora iban a tener que encargarse de hacer envíos a pie, que les llegarán desde la plataforma mercado pago o whatsapp. Esto fue presentado como una forma de “innovación creativa” del servicio en el contexto de la cuarentena, pero no es más que una nueva forma de precarización, que deja a los trabajadores obligados a realizar tareas que no le corresponden y expuestos al contagio del coronavirus.

Los efectos de la vuelta a los lugares de trabajo y de esta nueva modalidad de envío comienzan a estar a la vista, ya que han empezado a llegar denuncias de contagios en distintas sucursales de capital y provincia de Buenos Aires. Ante estas situaciones, las políticas de las empresas son claras: ocultan los casos y prohíben la difusión de los mismos.

Las condiciones de salubridad e higiene no están cumplidas. Los que volvieron a trabajar fueron recibidos con barbijos obsoletos, de papel, que no los protegen ante la posibilidad de contagiarse, mucho menos a aquellos que son obligados a realizar envíos. Las empresas indirectamente dan cuenta de esto y llaman a los mismos empleados a llevar sus propios tapabocas, sean caseros o comprados.

Estas condiciones laborales han activado la alarma en miles de trabajadores que viven con personas que integran los grupos de riesgo. El sindicato ha mantenido el silencio frente a las consultas y denuncias, en una actitud cómplice con estos atropellos.

El anonimato ante las amenazas de despidos

Ante el impulso que tomó la organización de los trabajadores, los dueños de los locales de comida rápida decidieron utilizar, como método de coerción, la amenaza directa a quienes reclamen por sus derechos laborales. Desde interrogaciones (a través de las redes sociales oficiales de las marcas) hacia aquellos que se manifestaban públicamente y llamados del personal de Recursos Humanos amenazando con suspensiones y despidos, hasta la desvinculación de cuatro jóvenes de Kentucky Fried Chicken (KFC) por publicar sus recibos de sueldo.

Esto no impidió que la lucha siguiese su curso. La organización continuó de manera anónima, a través de videos y fotos con la cara tapada y difundiendo las denuncias desde las redes de amigos y/o familiares o cuentas falsas. Además, se han desarrollado asambleas online entre los compañeros de las mismas y/o diferentes empresas, donde, entre otras cosas, se discutió el apoyo al paro del 22 de abril que realizaron los trabajadores de reparto, y la necesidad de un paro pastelero.

Sigamos en pie de lucha

Las numerosas instancias de debate que se han dado entre los que trabajan en distintas sucursales, han desarrollado una capacidad de organización y de lucha contra los atropellos que ejerce la patronal sobre la juventud, lo que las ha llevado a tener que pagar completo el mes de marzo.

Al igual que los trabajadores de las apps de reparto, se debe continuar con las medidas de lucha, desarrollando asambleas e impulsando un paro pastelero para exigir el cumplimiento de todas sus reivindicaciones.

Más que nunca, es necesario avanzar con la organización de una agrupación independiente del Estado y la burocracia del sindicato, que impulse un plan de lucha exigiendo el pago del 100% de los salarios, el cumplimiento de las condiciones necesarias de salubridad e higiene, NO a la nueva modalidad de delivery, licencias pagas para aquellos que vivan con personas que integran los grupos de riesgo y la reincorporación de todos los trabajadores despedidos en el mes de marzo y abril.