Según los trascendidos perio­dísticos, el Poder Ejecutivo ha en­viado a Diputados un proyecto de Ley del Empleo Público que intro­duce la flexibilización y el ajuste total en el ámbito del Estado.

El texto del proyecto elimina la estabilidad del empleado pú­blico. En primer lugar, porque establece un período de prueba para los ingresantes de 12 meses, durante el cual puede ser cesanteado si no pasó determinadas pruebas de ‘formación profesional´

En segundo lugar, porque es­tablece la movilidad y posibilidad de traslado a cualquier lugar del país. Si no lo acepta, quedará “en disponibilidad” hasta un año, durante el cual, cobrará, en cuo­tas mensuales su indemnización, para luego quedar cesante.

Es la famosa ‘reconversión laboral’, pero ahora bajo forma de ley y aplicable a todo el mun­do.

Además el Estado podrá ha­cer contrataciones “por tiempo determinado”, lo que significa contratos basura, que lógica­mente tenderán a reemplazar al personal efectivo. También se podrán aplicar suspensiones de hasta 10 días sin sumario.

Este proyecto antiobrero, consensuado por la Comisión de Legislación del Trabajo de Dipu­tados, fue firmado —según Cla­rín (6/11)— por los dirigentes Juan José Tangari de UPCN y Aníbal Díaz de ATE.

El proyecto de flexibilidad, que afecta a 85.000 trabajadores, tiene antecedentes. El año pasa­do, los gremios estatales, inclui­do ATE, firmaron un convenio flexibilidad en el Alises.

Y hay otro elemento que da muy, pero muy mala espina: el proyecto autoriza al gobierno a constituir un “fondo de capa­citación laboral” cuya admi­nistración será determinada, en su momento. En otros gremios exactamente, el ‘fondo de capa­citación’ ha sido la mordida de la burocracia como precio por vender a sus compañeros.

Según distintos compañeros de ATE Capital, y también de provincia, la noticia ha caído como una bomba y en numerosos sectores se reclaman asambleas.

Todo esto debe ser aclarado por las direcciones gremiales: ¿firmaron o no firmaron? Si no firmaron, ¿qué esperan para llamar a un paro y movi­lización para que el proyecto sea retirado del Congreso? Y sí firmaron deben ser expul­sados del gremio.