De un modo todavía bastante excepcional, producto de enormes conquistas populares, las universidades públicas en la Argentina no tienen examen de ingreso, no son aranceladas en los estudios de grado y tienen amplios niveles de “co-gobierno”. Además, por rango constitucional, son autónomas y autárquicas. Con todo, como cualquier otra institución en el marco del capitalismo, está atravesada por contradicciones irreconciliables.

La asunción del gobierno de Milei-Pettovello agravó la crisis de la educación superior sobre la base de uno de los mayores ataques desde la dictadura. A las denuncias macartistas de las universidades como “centros de adoctrinamiento” o “manchas rojas” se le sumó una asfixia financiera que amenaza con el cierre de las universidades y con el abandono por parte de docentes y estudiantes.

En las grandes luchas del primer cuatrimestre –con paros y la movilización del 23 de abril- y el plan de acción de este cuatrimestre todavía en curso, se cifra la posibilidad no solo de defender nuestros derechos sino de derrotar una política que pretende liquidar la educación pública y universitaria.

En los últimos treinta años

Desde la caída de la URSS, el imperialismo mundial ha avanzado en la mercantilización de todo aquello que sea “mercantilizable”. Es así que, desde la ronda de Doha de la OMC, la educación superior pasó a ser un servicio, por cuanto un sector que transforma las universidades públicas en un negocio capitalista, cuya producción  -tanto de profesionales como de conocimientos- está al servicio de la acumulación de capital y de sus necesidades inmediatas de mano de obra.

Este mismo proceso se dio en el país y cuajó en la denominada Ley de Educación Superior (LES), de marcado tono mercantilista, privatista y privatizador de las universidades públicas. Este proceso, que lleva casi 30 años y no ha dejado de profundizarse, fue resistido tanto por estudiantes, docentes y no docentes, como por el pueblo trabajador que acompañó estas acciones.

Las grandes luchas de 1999, 2005, 2018 y la actual son los hitos más importantes. Sin embargo, las luchas salariales de la docencia universitaria, preuniversitaria y de los investigadores han sido permanentes en defensa de un nivel de vida que no ha dejado de degradarse bajo todos los gobiernos.

Hoy estamos en el marco de un conflicto realmente muy grave por la educación pública y, puntualmente, por la universidad pública. Los salarios, que conforman el rubro principal del presupuesto universitario, han perdido en los nueve meses del gobierno de los liber-fachos Milei-Pettovello 55 puntos porcentuales de su capacidad de compra. Como ya expresáramos, la pérdida salarial no es nueva sino que lleva ya nueve años e incluye los dos últimos gobiernos de Macri y los Fernández.

La situación salarial de la docencia universitaria

Un profesional universitario, que tiene a cargo 100 estudiantes por cada comisión (una comisión es el equivalente a un aula en el resto de los niveles educativos) y que tiene una antigüedad de hasta 5 años, cobra 310.000 pesos. Es el salario más bajo de toda la docencia de todos los niveles y de todas las provincias de este país, cuyo salario mínimo está en $420.000. Recordemos que esta cifra es equivalente a la línea de indigencia fijada por el Indec y que implica que quien gana menos no llega a cumplimentar los gastos alimentarios.

Insistimos: la canasta de indigencia es de $393.000 y la canasta de pobreza es de $900.000. O sea que un docente universitario que trabaja 50 horas semanales –el límite de la compatibilidad horaria semanal- sigue siendo pobre. Con cinco cursos a cargo, 500 estudiantes en total, 500 parciales y exámenes finales, con hasta 5 materias distintas cuyos temas tiene que preparar.

Se llegó al peor salario de toda la docencia –siendo que esos salarios docentes son increíblemente bajos- en estos nueve meses de gobierno de Milei-Pettovello. Para que se comprenda la gravedad de la situación actual, este derrumbe de los salarios de la docencia universitaria no se dio bajo ningún gobierno, democrático o de dictadura militar. Para que se entienda la crisis: hay 190.000 familias en todo el país que dependen de este salario.

¿Cuál es el plan del gobierno para las universidades?

El plan es destruir la universidad pública. No lo pudo hacer con la motosierra pero pactó con los rectores un supuesto aumento del presupuesto de funcionamiento que se promocionó como del orden del 270%.

Esto mientras se desarrollaba un plan de lucha y cuando el 23 de abril un millón y medio de argentinos salimos a las calles en 100 ciudades del país, incluso en aquellas donde no había centros universitarios. Salimos a las calles a exigir presupuesto, salarios, becas y fondos para la investigación en las universidades públicas.

Los rectores y las camarillas universitarias, que pertenecen y tributan a los bloques políticos capitalistas, tuvieron entonces un pacto exprés con el gobierno a espaldas de quienes estábamos en lucha.

Este pacto implicó un supuesto incremento de 270% en el presupuesto de funcionamiento. Eso es lo que venden la ministra Pettovello y los rectores. Pero cualquier “argentino de bien” no le puede creer a una ministra que les saca la comida a los comedores populares cuando, según Unicef, un millón de niños se van a la cama sin cenar. Es la ministra que fija el salario mínimo vital y móvil de indigencia y que implementará la reforma laboral que piden los empresarios vía la Secretaría de Trabajo, eliminando las indemnizaciones, llevando la jornada laboral hasta 12hs, volviendo al siglo XIX. La que fija las jubilaciones mínimas en $234.000 y veta por “degenerados fiscales” cualquier mínimo aumento que fije el Congreso. Es la ministra que impulsa la esencialidad educativa dejando a la docencia sin el derecho de huelga.

Ese 270% se destinó apenas al pago de la luz, gas, internet y otros servicios de distinto tipo. ¿A dónde fue entonces el dinero? A las cajas de las privatizadas. Lo que se hizo fue pagar para que haya luz, gas y teléfono, pero no en todo el tiempo y no en todas las universidades, ya que en muchas hubo cortes incluso en el invierno. ¿Qué se hizo con ese porcentaje tan promocionado? Se transfirió dinero de los sectores populares a las privatizadas. Por eso fue un acuerdo espurio. No fue a la investigación, no fue a la creación de ciencia y tecnología.

Tampoco fue para becas estudiantiles. Las Progresar están en $20.000. En cualquier ciudad del país se paga $1.000 pesos el boleto y no todas tienen boleto universitario. ¿Cuántos días alcanzan para ir a la universidad con esa “beca”?

El cuadro de la juventud es trágico: un 70% de pobreza, un nivel de desocupación de más del 15%, mayor proporción de trabajo en negro y precario. Todo esto impacta en la deserción de estudiantes que atenta contra la posibilidad de su progreso social. Complementariamente, se produce la caída de asistencia de los alumnos justamente a consecuencia de no poder pagar todos los días los transportes. Ante la emergencia alimentaria deberían cumplir un rol principal los comedores estudiantiles, una conquista histórica del movimiento estudiantil.

Ese porcentaje, que salió del pacto que denunciamos, tampoco se destinó a la docencia. Con estos salarios, los docentes tienen que multiplicar sus empleos y se les vuelve carísimo pagar el transporte o el combustible. Entonces, ¿Qué hacen? Renuncian. Quienes tienen actividades liberales, el salario percibido no compensa el esfuerzo y por eso dejan y siguen trabajando en la actividad privada. Quienes son investigadores se están yendo al exterior. Ni hablar de los docentes ad-honorem, contratados y monotributistas que ni siquiera cobran o no llegan a esos salarios de miseria.

En consecuencia, las universidades y el sistema científico se vacían de estudiantes, jóvenes investigadores, docentes. ¿Cuál es el plan del gobierno? Cerrar la universidad. ¿Cómo lo hacen? Por asfixia. No pudieron hacerlo con la motosierra, lo hacen por asfixia, van cerrando las posibilidades laborales y de formación de unos y otros.

Este es el verdadero plan que estamos enfrentando con la complicidad de los dos bloques de rectores, tanto radical como peronista, que no llevan a ninguna acción y que ni siquiera denuncian que este ataque se realiza contra instituciones universitarias que, desde 1918 hasta hoy, han sido defendidas por su comunidad y nuestro pueblo como un medio de ascenso social, y como productor de ciencia y tecnología. Defendidas en las aulas y las calles, con huelgas y masivas movilizaciones.

¿Qué tenemos que hacer?

La masiva marcha del 23 de abril fue un duro golpe que acusó el gobierno, pero no cerró el conflicto. Salarios, becas, fondos para investigación y para infraestructura son todos realmente inexistentes.

El plan de paros del segundo cuatrimestre demostró que existe voluntad de lucha de los docentes, los no docentes, los investigadores, los estudiantes. En cada oportunidad que se convoca a asambleas, clases públicas, cortes, movilizaciones y paros, la respuesta es masiva.

Entonces, ¿Por qué no termina de desplegarse un plan de lucha hasta derrotar la política del gobierno? Existe un dique de contención en las direcciones oficiales y burocráticas de docentes, no docentes y estudiantes.

El Frente Sindical de las Universidades Sindicales es un escollo enorme para desplegar la lucha salarial. En este segundo cuatrimestre se ha llegado al colmo de establecer un plan de lucha regresivo que comenzó con un paro de 72 hs., continuó con otro de 48 hs. y luego no puso fecha de continuidad a medida alguna.

El seguidismo del Frente a los bloques políticos patronales y de las camarillas universitarias tiene como objetivo paralizar la lucha bajo la forma de su parlamentarización. Con el plan de lucha en desarrollo obtuvimos la media sanción en Diputados de un proyecto de ley que indexaría nuestros salarios a los niveles de diciembre de 2023.

Ante esta más que precario avance, en lugar de plantear el paro y la movilización nacional para que el Senado apruebe dicho proyecto y evitar el veto presidencial ya anunciado por Milei, el Frente solo propone dialogar con los rectores y senadores y “esperar” el resultado de la ley. Todo lo contrario de lo que necesitamos los trabajadores universitarios que cada mes cobramos los mismos salarios de indigencia que nos impone unilateralmente el gobierno.

Lo mismo afirmamos sobre la dirigencia del movimiento estudiantil. La Fua, con hegemonía radical (Franja Morada) y con el acompañamiento del peronismo (JUP), tiene atado de pies y manos a los centros de estudiantes. Se ha propuesto no hacer olas y ni siquiera exige el incremento de las becas en importe y cantidad para que los estudiantes se puedan seguir manteniendo dentro de las universidades.

Hay una salida. Asambleas por cátedra, laboratorio, taller, unidad académica, universidades, interclaustros, clases públicas con cortes de calle, marchas locales y una nueva movilización federal son las tareas a encarar en defensa de una universidad y una investigación al servicio del pueblo trabajador. 

Jubilados anuncian nueva marcha a Plaza de Mayo contra el veto de Milei

También impulsarán un petitorio contra el veto por un millón de firmas. –

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