El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), organismo oficial “para la promoción de las cooperativas”, suspendió la matrícula y las actividades del frigorífico Frigocarne, ubicado en la localidad de Máximo Paz (Cañuelas) y administrado por una cooperativa de trabajadores, dejando en la calle a los 140 obreros que trabajaban en la planta, quienes realizan hoy una protesta y acampe frente al Inaes reclamando por la reapertura.

La cooperativa viene de sufrir otras ofensivas del Gobierno nacional por las que entre el 2017 y lo que va de 2018 estuvo dieciocho meses parada y ahora vuelve a dejar a la localidad sin su principal fuente de trabajo.

Las excusas esgrimidas por el Inaes para esta nueva medida, fueron que allí trabajaban obreros que revistaban en la categoría de monotributista social y que los salarios de los cooperativistas eran menores a los del resto de la industria frigorífica.

Esto cuando el gobierno es el principal impulsor de la irregularidad en las relaciones laborales, no solo por no tomar ninguna medida para regularizar al 35% de la fuerza de trabajo del país revista en negro, sino porque, entre otras cosas, motoriza de manera orgánica el trabajo gratuito de los estudiantes del último año del secundario y tiene un alto porcentaje de los trabajadores estatales con contratos ilegales y sin estabilidad.

Además, acusa a los cooperativistas de ser una pantalla de una empresa que los contrata porque sus dueños aportaron dinero para que la planta volviera a producir, un requisito indispensable para hacerlo, luego de que la planta estuviera meses inactiva.

La salida simple consistiría en que el Estado tome en sus manos la planta y se ocupe de aportar el dinero necesario para la producción, así como de colocar a todos los trabajadores en blanco.

Esto también vale para el gobierno municipal, en manos del Frente para la Victoria, que ha visto cómo la planta ha sufrido golpes a lo largo de sus 12 años de existencia que la llevaron a varios cierres y posteriores reaperturas a manos de sucesivos matarifes aventureros que la administraron y la abandonaron dejando sistemáticamente a los trabajadores en la calle.

Lo que denuncian los trabajadores es que, convertidos en cooperativa, hubo reclamos permanentes de las grandes plantas frigoríficas para que se volviera a cerrar Frigocarne porque suponía una competencia para ellas.

También que, por esa razón, antes el gobierno los limitó y no les permitió comprar ni vender sino solo faenar para terceros y que eso hace que aún no puedan tener salarios de convenio y que, como sucede con muchas fábricas recuperadas, estén empujados a su propia autoexplotación. “Nos cuestionan por situaciones que el propio gobierno provocó”, acusan los trabajadores.

El frigorífico recuperado había sufrido una primera embestida a mediados del 2016 por parte de la (ex) Subsecretaría de Control Agropecuario, que le quitó la matrícula para comprar hacienda en pie, faenar y comercializar los cortes. Así, Frigocarne se quedó solamente con habilitación para faenar para terceros.

Volcado a la defensa de los grandes capitales del sector, el gobierno golpea sobre el sustento de 140 familias. Todo el apoyo a los trabajadores de Frigocarne. Que se reabra de inmediato la planta. Que el Estado se haga cargo de los sueldos de los trabajadores. Que la planta trabaje sin restricciones y bajo control de los trabajadores.