Los trabajadores del frigorífico Penta han vuelto a manifestarse ante el acceso al Puente Pueyrredón debido a que las negociaciones con la patronal se encuentran estancadas y ante un Ministerio de Trabajo que no actúa frente al cierre de la planta.

El conflicto ya suma varios meses y tiene como protagonistas a 240 trabajadores y sus familias que se han quedado sin sustento económico debido a la decisión de la patronal del Penta, a cargo del empresario kirchnerista Bruzzese, de cerrar la planta como represalia a la organización independiente de los trabajadores.

El lock out patronal se viene extendiendo durante los meses de cuarentena en franca violación a casi todas las medidas dictadas por el gobierno nacional, sin que este haga nada para evitarlo. Se trata de una actividad esencial para la población, cuando miles de familias padecen de necesidades alimentarias en la región.

Bruzzese ha desconocido las conciliaciones obligatorias e incluso ha montado una guardia en la planta con elementos reclutados entre barrabravas y patotas, con el propósito de agredir a los trabajadores que mantienen varias actividades en las puertas.

Ante la intransigencia patronal, los trabajadores han pasado a exigir la expropiación del frigorífico y su puesta en funcionamiento con la garantía de la permanencia de todos los puertos de trabajo. Sin embargo, las autoridades del gobierno aún no se han manifestado sobre esto, dilatando y agravando la situación que padece el colectivo obrero.

La continuidad del conflicto y la disposición a la lucha de los trabajadores demanda que el gremio de la carne retome la senda del paro de 24 horas realizado en oportunidad de la represión de la Policía Bonaerense en los portones del Penta hace meses. El sindicato debe discutir nuevas acciones y un plan de lucha integral en todo el gremio por la defensa de los puestos de trabajo, el pago de los salarios, la defensa incondicional de la libertad de organización y las condiciones laborales de los trabajadores de la carne. Y apoyamos el planteo de expropiación de los trabajadores ante la conducta criminal de la patronal.