Sindicales

6/2/2002|740

Fuera la Corte negrera

La Corte Suprema tiene bien ganado el odio popular como garante de los negociados y estafas de la “patria capitalista” contra el pueblo trabajador. Y mientras el pueblo se moviliza para tirarla abajo, los cortesanos han vuelto a dar pruebas de que están dispuestos a defender esos intereses hasta el final. Así, el mismo día en que dio a conocer su famoso fallo sobre el “corralito”, emitieron otro fallo que, sugestivamente, pasó casi desapercibido: declaró la constitucionalidad de la antiobrera Ley de accidentes de trabajo de Menem y Cavallo.


Esa ley, que puso en pie el régimen negrero de las ART, establece indemnizaciones por accidente inferiores a las que corresponderían si se aplicaran las normas del Código Civil. Pero la ley, precisamente por eso, prohíbe que los trabajadores accidentados o sus familias recurran a la justicia civil para reclamar sus indemnizaciones. Así, violentando el elemental derecho a la justicia y la igualdad ante la ley, se ha reducido el “costo laboral”… a costa de un incremento fenomenal de los accidentes y, en particular, de los accidentes mortales. La Corte Suprema ha convalidado este atropello, al considerar que “no puede ser considerada discriminatoria” la prohibición de que los trabajadores recurran a la Justicia para reclamar una reparación económica similar a la que le correspondería a cualquier ciudadano que hubiera sufrido un accidente igual. ¡Para la Corte, los trabajadores somos ciudadanos de segunda!


Pero, precisamente, porque le negaba al trabajador el derecho elemental a presentarse ante la Justicia y a percibir una indemnización similar a la de cualquier otro ciudadano frente a un accidente similar, una sentencia de primera y segunda instancia de los tribunales de Neuquén y centenares de fallos de distintos tribunales en todo el país habían declarado la inconstitucionalidad de la ley (Clarín, 2/2). El fallo de la Corte significa, lisa y llanamente, la liquidación de la protección de la salud del trabajador frente a la explotación capitalista.


El gobierno, que tanto escándalo hizo con el fallo sobre el “corralito”, guardó el más profundo de los silencios sobre este fallo groseramente antidemocrático y antiobrero de la Corte. Se entiende: la UIA y los grupos financieros que sostienen al gobierno de Duhalde defienden a muerte la ley de accidentes laborales menemista.