Fundación Santa Cruz Sustentable fue creada hace 17 años para contener un reclamo de un sector de desocupados, que durante 11 años demostró que querían trabajar prestando servicios en sus diferentes sectores productivos (Planta Recicladora, Adoquinera, Bloquera, Vivero). Al principio fueron las operadoras, a través de aportes solidarios, quienes solventaban su funcionamiento, pero al no existir “cuentas claras” por parte del directorio de los funcionarios que la integraban (Bellomo, Maria Ester Lavado, Garzon, Nieto, Benitez, Pagano) decidieron dejar de hacerlo.

Por esta razón, en el año 2009 quedamos sin trabajo y tuvimos que resistir con un corte de ruta que duró varios días para defender nuestra fuente laboral, y fue así que logramos que el gobierno provincial se comprometiera a mantener nuestras fuentes de trabajo y solventarla a través de aportes solidarios con fondos públicos.

Desde entonces comienzan intervenciones tras intervenciones que vinieron supuestamente a “investigar” y dejar las cuentas claras, pero esto jamás ocurrió. Diferentes figuras políticas como Notaro, Sloper, Valderas y Lamanuzzi pasaron a ser nuestros patrones en diferentes momentos. Con la última intervención del año 2015 comenzamos a sufrir una serie de vulneraciones a nuestros derechos: se nos quitó el transporte, no se nos entregó más la indumentaria de seguridad e higiene, se dejó de comprar los materiales para la producción, no se revisaban ni se mantenían las maquinarias, se nos dejó de respetar el convenio colectivo de trabajo, nos congelaron los salarios, nos quitaron el sindicato. Y de esa manera poco a poco se fueron vaciando los lugares de trabajo, se desarmaron las maquinarias y las dejaron abandonadas, se prendió fuego el sector del basural, se entregaron predios donde funcionaba la adoquinera, aparecieron camionetas quemadas, las herramientas comienzan a desaparecer, las instalaciones comenzaron a decaer y hasta hemos llegado a ir a cumplir durante muchos meses horario de trabajo en condiciones inhumanas (sin agua, sin baño, hasta quedar sin un sector de trabajo)

La historia vuelva a repetirse y en diciembre tuvimos que volver a la ruta a defender nuestros puestos de trabajo, arrancando un acta en donde Teodoro Camino, como parte del gobierno de Alicia Kirchner, se comprometió a reactivar los sectores y respetar nuestro convenio colectivo de trabajo y escala salarial. Esto jamás se cumplió.

Los trabajadores, durante todo ese proceso, nos juntábamos, salíamos a reclamar, denunciamos el vaciamiento que ejecutó Valderas, reclamamos que pasaba con la plata que se enviaba a fundación registrada en los boletines oficiales que no llegaba al mantenimiento de las maquinarias y muchos menos a los salarios de los trabajadores. Mantuvimos diálogo y diferentes reuniones con los funcionarios de turno para no perder nuestra fuente de trabajo, poder recuperar nuestros sectores productivos y que se nos respeten los aumentos que nos correspondían por convenio.

Teníamos que salir a cortar la ruta todos los meses para que se nos abonaran los sueldos, hasta hemos estado dos meses sin percibirlos. A todo esto, la respuesta frente a todos estos reclamos era la de hacer oídos sordos y utilizar a varios empleados para tapar baches en diferentes entes provinciales (hospital, escuelas, CIC, rentas, servicios públicos, registro civil, ministerios, entre otros) como lo hacen hasta el día de hoy precarizando a los trabajadores.

En la última reunión participaron los funcionarios Marcio Domínguez, Marisa Mansilla y Agostina Mora, quienes nos dijeron que la propuesta era una supuesta “reactivación del sector bloquera”, que generaría 30 puestos de trabajo de un total de 210 trabajadores, es decir no sería una reactivación para todo el personal y por último un ofrecimiento del 10% de aumento salarial que sería un incremento de $2.000 de bolsillo, que no significaría una suma considerable para la gran pérdida que hemos sufrido durante estos últimos siete años.

Denunciamos la precarización laboral que estamos padeciendo al enviar personas a prestar servicios en diferentes entes provinciales con salarios de $21.000, es decir la mitad de lo que percibe un trabajador provincial por hacer el mismo trabajo.

Las decisiones políticas que fueron tomando el gobierno provincial terminaron de destruir nuestras fuentes de trabajo, por ese motivo les reclamamos con justa causa el pase a provincia o equiparar nuestro salario al convenio colectivo de trabajo de Utedyc.

Nosotros y nuestras familias necesitamos una solución inmediata frente a salarios que están debajo del índice de indigencia, por eso salimos a las calles a manifestarnos de diferentes maneras en diferentes lugares, a visibilizar nuestro reclamo y esto es porque ya no nos alcanza para darles de comer todo el mes a nuestros hijos.

Pedimos solidaridad y acompañamiento en nuestro reclamo, pase a la provincia para tener un trabajo real, basta de sueldos de hambre.