El presidente Javier Milei, por medio de su ministro de Economía Luis Caputo, afirmó la intención de restablecer el Impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría, “derogado” recientemente por el Congreso de la Nación, incluso con su voto como diputado de la entonces oposición. Milei llegó a calificar Ganancias como un “impuesto aberrante” y como “un robo”, pero ahora apela a su restitución contra los trabajadores en medio de su ofensiva ajustadora.

En el debate por Ganancias en Diputados, Milei llegó a calificar al Estado como “una organización criminal violenta que vive de una fuente coactiva de ingresos llamada impuestos”, señalando que está a favor de “cualquier iniciativa que conste en bajar impuestos”. Una impostura total ante los actuales acontecimientos.

Recordemos que como fruto de esas discusiones se sancionó la ley que establece un piso de 15 salarios mínimos para el pago de Ganancias, exceptuando a 800 mil trabajadores alcanzados por el gravamen en ese entonces.

Ahora Milei pretende dar marcha atrás respecto a lo que votó hace unos pocos meses, contrariando su enfático alegato antiimpositivo, para la obtención de un ingreso adicional que le permita “rumbear” su ajuste fiscal.

Como ocurrió bajo el kirchnerismo, el macrismo y el Frente de Todos, el denominado Impuesto al Salario consiste en una confiscación que además extiende su alcance de la mano de la inflación, con la amenaza de superar holgadamente el millón de trabajadores, en medio de una escalada inflacionaria que amenaza con una hiper. Así las cosas, hasta los pobres podrían terminan pagando Ganancias

Según Caputo, el regreso de Ganancias se trata de un pedido de la “casta” de gobernadores, debido a que es un impuesto coparticipable, a cambio del respaldo en el Senado para hacer pasar la Ley Ómnibus de ajuste y como compensación para recuperar parcialmente por allí lo que Milei les recorta por transferencias y obras públicas.

Un acuerdo espurio entre la casta ajustadora y la casta política para condenar a los trabajadores a un impuesto regresivo, pasando la motosierra por los salarios de aquellos trabajadores que escapan a los indicadores de pobreza. Misma actitud que la asumida por Cristina Kirchner y su política de “redistribución de la pobreza”.

Una ofensiva en esta materia no solo requiere de la complicidad del peronismo en el Senado y en Diputados, sino también de la burocracia sindical, la misma que durante más de una década se “lamentó” por dicho gravamen, con contadas y parciales acciones.

Está claro que un ataque de estas características, que restituya el gravamen contra los trabajadores, no puede enfrentarse con comunicados resonantes, sino que demanda de una respuesta colectiva de los trabajadores.

Lejos de un recorte más con la vuelta de Ganancias sobre los salarios, la situación amerita de una recomposición general de los salarios para recuperar lo perdido por la inflación y el ajuste, algo que choca con el plan motosierra de Milei y que demanda un para nacional urgente, con la participación de las centrales obreras y las organizaciones de desocupados.