El gobierno nacional, a través del ministro de Economía Sergio Massa, anunció que extenderá a $880.000 brutos el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias, por única vez, para que este no afecte la percepción del medio aguinaldo. El gobierno quiere anotarse un triunfo cuando sostiene la confiscación salarial a más de un millón de trabajadores.

Se trata de una medida que va de suyo debido a que el gobierno difícilmente pueda justificar la afectación del aguinaldo para aquellos trabajadores que se encuentran por debajo del mínimo no imponible de $506.230.

El piso para el pago de Ganancias fue actualizado en enero subiendo un 78,83% llegando a $404.062, aumento que sigue la evolución de los salarios entre octubre del 2021 y 2022, y luego tuvo otro aumento en febrero en línea al 25,3% de evolución del Ripte.

Por la dinámica de las actualizaciones, que no siguen el ritmo actual de los salarios y la inflación, el 10% de trabajadores afectados al pago de Ganancias que defiende el gobierno como “regla” opera como piso, siendo que con la inflación actual y las negociaciones paritarias todos los meses se suman más trabajadores afectados por dicha confiscación.

La medida de excepción que ahora prepara el gobierno es anunciada como un “beneficio” para 500.000 trabajadores, ya que se extiende parcialmente sobre parte del universo de trabajadores afectados por Ganancias. Pasado el medio aguinaldo todo volvería a la “normalidad” y a los descuentos sobre más de un millón de trabajadores.

El gobierno hace marketing señalando que la medida es para recuperar el poder adquisitivo perdido y compensar los efectos de la inflación, reconociendo el carácter ilegítimo de la confiscación a los trabajadores.

Además, el “beneficio” deberá constar en el recibo de sueldo de forma diferenciada, como devolución extraordinaria con el pago de los salarios devengados en los meses de junio y julio.

En el cuadro de un deterioro en el poder adquisitivo de los salarios, el gobierno intenta hacer campaña con una de sus políticas más regresivas: la supuesta redistribución de los ingresos entre los trabajadores. Supuesta porque si bien el kirchnerismo alegó un beneficio a los sectores más pobres con esta medida confiscatoria, de hecho sirvió para reforzar la recaudación del Estado y transferir recursos a las patronales y acreedores privados.

El gobierno anuncia como un beneficio la mera continuidad de una confiscación contra los trabajadores, con la aplicación el Impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría y la afectación de los salarios de los trabajadores para pagarle al FMI. Mientras que las patronales de benefician con la dilación en los pagos del mismo impuesto, el cual liquidan a un año con un peso totalmente devaluado.

El Partido Obrero y el Frente de Izquierda Unidad, con la candidatura de Gabriel Solano a presidente, defienden la eliminación del Impuesto a las Ganancias para los trabajadores, y una recomposición general de los salarios para defender el poder adquisitivo de los trabajadores.