Este sábado 13, en las vísperas de las elecciones generales y con todas las miradas puestas en los comicios, la empresa Garbarino envió unos 1.800 telegramas de despido para tratar de consolidar el cierre de sus 105 locales en todo el país. La patronal desconoce el decreto “antidespidos” y evoca la pandemia para liquidar indemnizaciones a mitad de su valor, con la complicidad del Estado.

Entre los argumentos de la empresa vertidos en los telegramas se destaca una supuesta caída de la rentabilidad del negocio, faltantes de mercadería, rescisión de contratos de alquiler, todo responsabilidad de la propia patronal, la cual intenta valerse de la figura de “fuerza mayor” para trasladarle la responsabilidad del cierre a la pandemia.

El argumento patronal también incorpora el desconocimiento del DNU que prohíbe los despidos, por considerarlo “inconstitucional”, y también se aviene a la aplicación del art. 247 de la Ley de  Contrato de Trabajo que dispone el pago de la mitad de las indemnizaciones correspondientes por despidos sin justa causa: una artimaña de bajo vuelo para desentenderse de miles de trabajadores a bajos costos.

Mención aparte merece el Ministerio de Trabajo que, bajo conocimiento de la medida que preparaba la empresa, el viernes 12 dictó conciliación obligatoria, la cual ejerce como una atadura contra los trabajadores debido a que la patronal no paga salarios hace ocho meses, no abre los establecimientos e incluso sigue pisando el acelerador de la liquidación de la empresa.

El conflicto de Garbarino alcanza a unos 3.800 trabajadores distribuidos en las divisiones  Garbarino, la cadena Compumundo, Garbarino Viajes, la financiera Fiden y las plantas Tecnosur y Digital Fueguina, en Tierra del Fuego. Estos se encuentran cobran solamente el escaso Repro del gobierno.

La mediaciones del Estado y la patronal para la supuesta obtención de un nuevo inversor se han visto frustradas y utilizadas como cobertura para evadir una respuesta de fondo que implique la expropiación de las plantas productoras y la colocación del personal restante en el Estado, para garantizar la continuidad laboral, tal cual lo exigen los trabajadores autoconvocados.

Esta nueva ofensiva patronal, con la anuencia del Estado, debe ser enfrentada con el método de organización independiente de los trabajadores, reforzando las asambleas y deliberaciones entre los y las trabajadoras de cada lugar de trabajo, y redoblando la lucha por derrotar los despidos, conquistar la expropiación y defender los puestos de trabajo.