13/08/1998 | 596

Gerardo Martínez es el defensor principal de las patronales criminales

Por J. M.

Cuando la burocracia de los sindicatos finge hoy una recargada indignación por los accidentes laborales es necesario recordar que Gerardo Martínez fue (¡y sigue siendo!) uno de los más fervientes impulsores, promotores y gestores de la actual ley de riesgos de trabajo que, por un lado, dio nacimiento a las ART y, por el otro, clausuró la posibilidad de que los trabajadores hicieran juicio a las empresas por los accidentes laborales.


El 13 de marzo de 1995, Gerardo Martínez, como secretario general de la CGT y de la Uocra, firmó con el gobierno y las cámaras patronales del Grupo de los 8, entre ellas la Unión Industrial, el «Acuerdo Marco para el empleo, la productividad y la equidad social». Este acuerdo en su capítulo 5, establece:


«A tal fin las partes coinciden en la necesidad de reformar integralmente la ley 19.587 (accidentes de trabajo). Tal reforma deberá tener en cuenta la realidad nacional, los avances registrados en el derecho comparado, los cambios que se operarán con la puesta en marcha del proyectado sistema integral de protección por Riesgos de Trabajo, y la gradualidad de su aplicación».


Así, el 3 de octubre de 1995 fue aprobada la ley de Riesgos del Trabajo con el voto de los diputados ‘sindicales’ de la CGT.


Sin embargo, Gerardo Martínez fue más lejos todavía. Bajo el título, «La industria de la construcción quiere armar su propia ART», Clarín (11/6/96) difundió que «Franco Macri, de la Unión Argentina de la Construcción (UAC): Aldo Roggio, de la Cámara de la Construcción (CAC) y Gerardo Martínez de la Uocra firmaron un documento para crear un sistema específico de ART para la industria de la construcción». La propuesta era poner en marcha «un ente de Gestión cuyos accionistas serían la UAC, la CAC y la Uocra».


El negocio tenía varias patas. A las patronales les abarataba el costo del seguro porque proponía que la póliza que ellas debían pagar, tuviera un subsidio del Estado. Este subsidio consistiría en que las patronales de la construcción dejarían de pagar el aporte del 1.5% al Fondo de Empleo y podrían quedarse además «con el saldo del aporte de asignaciones familiares».


Más grave aún, la Uocra aceptaba que en el seguro que la empresa debía pagar a la ART se incluyese «un porcentaje de los sueldos a cargo de los obreros». Con esto, los trabajadores terminaban pagando un régimen que los perjudicaba y que acentuaba la inseguridad laboral y la falta de prevención de las patronales.


El negocio tenía un cierre de primera. Se proponía que «las prestaciones médicas serían similares a la de las ART, pero el Ente contratará la atención con la Obra Social de la Construcción (Ospic), La Construcción S.A. (patronal) y otros prestadores» Es decir que las patronales y la burocracia se aseguraban el negocio de atender a los accidentados. En ese momento Gerardo Martínez estaba negociando el ingreso de su socia en la Afjp Claridad, la ITT Hartford, a la gerencia de la obra social. Una cláusula de «primera opción» en beneficio de La Construcción S.A., le aseguraba el acaparamiento de las miserables indemnizaciones y rentas que cobrarían los accidentados. Las patronales de la construcción debían asociarse a este Ente en forma obligatoria, aunque con el subsidio del Estado y el pago de una parte del seguro por parte de los trabajadores, ninguna patronal constructora dejaría de perderse esta‘ganga’.


Este acuerdo no prosperó por la oposición de las restantes ART y también del gobierno, o sea del FMI, que no estaba de acuerdo en desviar el dinero del fisco destinado a pagar la deuda externa, para subsidiar a las patronales y a la UOCRA.


Ahora que Gerardo Martínez sale a plantear la reforma de la ley de riesgos de trabajo (como diputado ya presentó un proyecto de ley), se interpreta que su objetivo es conseguir la puesta en marcha de una ART entre la Uocra y la patronal de la construcción.


Un dato muy particular revela que la negociación ya está en marcha. El 5 de agosto la Comisión de Trabajo de Diputados reiteró su negativa a habilitar la posibilidad de que el trabajador damnificado pueda hacerle juicio civil o penal a las patronales y en esto contó con el voto a favor de Gerardo Martínez y de los demás diputados ‘gremiales’ de la Comisión. Es decir que mientras putea a las patronales ante 20.000 obreros, Gerardo Martínez y la burocracia de la CGT son la principal línea de defensa de los explotadores criminales y del sistema de ‘riesgos de trabajo’ que estos explotadores han impuesto para privatizar incluso la vida de los trabajadores.

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