“La manifiesta satisfacción, tanto de funcionarios del gobierno, como de los dirigentes del Sindicato de Empleados Públicos (SEP) mostró el éxito alcanzado en las negociaciones… para acordar el fin de la emergencia”. La Voz del Interior  (26/4) informó en estos términos la virtual aplicación del convenio Fiat-Smata a la administración pública.

El acuerdo reduce los salarios en un 40%, al incluir “los adicionales y sobreasignaciones” (ídem, 30/4).

El ‘pacto’ liquida el escalafón, porque los empleados públicos “pasa(n) a tener 5 categorías en lugar de las 17 actuales entre las cuales prácticamente no hay diferencias en las remuneraciones” (La Nación, 3/4). Esto es sólo el punto de partida de una “unificación del monto básico” (que no se estipula), “que el SEP procuraría que se ubique en 350 pesos, mientras el Poder Ejecutivo estaría manejando cifras inferiores”, y un régimen de productividad por el cual “las bonificaciones serían dos (por productividad y presentismo) y alcanzarían a un 30%” (La Voz, 27/4).

El “informe” del Banco Mundial de fines del 95 habría recomendado un “piso” de 200 pesos, sustituir el escalafón por “cinco o seis categorías” y atar el salario a la “productividad”. Este es el ‘plan’ que se acaba de ‘acordar’ y no sólo con la burocracia del SEP. El mismo régimen impuesto a los empleados públicos está siendo aplicado a a los trabajadores del Poder Judicial y de la Dirección de Agua y Saneamiento —Dipas, luego de una negociación, según informa la prensa,  entre “funcionarios del gobierno y representantes de los gremios estatales”. En éstas “se ha avanzado en la estructura del salario, el nuevo escalafón, los adicionales y otras cuestiones”. Esto lo reveló, sin ser desmentido, Emilio Graglia, secretario privado de Mestre y responsable oficial de las tratativas (La Voz, 30/4).

El ‘pacto’ establece “la sustitución del sistema de licencia anual por el receso en enero”, lo que cambia el cálculo de la licencia en días hábiles por días corridos, y barre (por la vía de un decreto) una de las conquistas del Estatuto del Empleado Público.

El acuerdo es pérfido por lo que dice y por lo que omite. Fija una jornada de seis horas diarias y 30 semanales, pero “el horario que habrán de cumplir los agentes no está especificado”; por lo tanto, queda al arbitrio del gobierno, que pretende extender la jornada hasta las 12 horas en una serie de reparticiones.

¿Se salva con todo esto la estabilidad laboral? Ni pensarlo. Mestre acaba de reiterar que “sobran 15.000 empleados públicos”(La Nación, 30/4) y el ‘pacto’ omite cualquier referencia a la estabilidad o a la suerte de los contratados que quedan, luego de los miles que fueron despedidos.

Puede abrirse una nueva situación

Pihén ha firmado el equivalente al pacto infame que la Fiat acordó con José Rodríguez, sin consultar a los afiliados. Pero la bronca que suscitó el ‘pacto’, obligó al gobierno a anunciar el mantenimiento de un adicional de 100 pesos por eficiencia que beneficia a dos mil trabajadores y cuyo pago no estaba incluido en el decreto; es que el clima de deliberación “amenazaba generalizarse en las dependencias públicas”(La Voz, 30/4). El temor a una reacción ha paralizado hasta ahora el despido de una masa de transitorios, cuyos contratos vencieron el último día de abril.

La Lista Violeta ha sacado una denuncia pública del pacto Mestre-Pihén y ha llamado a una campaña por la convocatoria a un plenario abierto de delegados y activistas para desconocer el acuerdo firmado, retirarse de la ‘mesa de concertación’ y resolver un plan de lucha para defender el estatuto, reclamar un básico de 600 pesos para la escala inferior y arrancar la efectivización de los contratados. Una batalla dentro de esta batalla es la elección de delegados en las reparticiones para ocupar los lugares vacantes y relevar a los agentes de la burocracia. Sólo la Violeta está planteando esta lucha vital. El  Frente Rojo Unidad, que se presentó como oposición a Pihén en las recientes elecciones llevando como candidato al que fuera adjunto del oficialismo y a punteros angelocistas y de la vieja burocracia del gremio, no abre la boca, porque se parece a la burocracia como una gota de agua a otra y en algunos aspectos está incluso a su derecha. Este “Frente Rojo” tuvo el apoyo de Mario Díaz (sindicato gráfico, 1º de Mayo), de Luis Bazán (Sindicato de Obras Sanitarias-CTA) y, a último momento, del Mst.