El comunicado conjunto entre la Federación Gráfica Bonaerense y la cámara empresaria (Faiga) fechado el 8/4 es una provocación al conjunto de los trabajadores del gremio pero al mismo tiempo es muy clarificador.

 

En el mismo se ratifica “la responsabilidad social compartida por ambas instituciones en defensa de la salud y la vida de todas y todos”. A confesión de partes relevo de pruebas. Lo firman Héctor Amichetti y Mario Medoro. Pero veamos de qué se trata la responsabilidad de la que se jactan tanto las patronales como la directiva sindical.

 

Al comenzar la cuarentena, la entidad patronal hizo alarde de su capacidad de lobby al conseguir que una parte sustancial de la actividad gráfica sea considerada esencial. Durante el transcurso de los días, y en sintonía con el resto de la burguesía industrial, las patronales fueron más lejos y aprovechando las imprecisiones del DNU presidencial empezaron a presionar para imprimir de todo. Con argumentos muy variados fueron señalando, de manera muy rebuscada en la mayoría de los casos, su relación con la industria alimenticia, farmacéutica, periodística o con la educación. El resultado es la impresión más variopinta: desde paquetes de caramelos o golosinas hasta etiquetas y paquetes de cigarrillo, revistas y folletería.

 

Ahora la Faiga está empeñada en el levantamiento de la cuarentena y ver si arranca subsidios estatales y créditos a tasa cero. Como si todo esto fuera poco, en los talleres no se respetan las condiciones de seguridad e higiene que demanda la pandemia.

 

La directiva sindical, bien gracias. Los trabajadores quedamos aislados en cada fábrica librando la lucha contra la presión patronal, a la que nada le importa nuestra salud y la de nuestras familias.

 

Las patronales a la ofensiva

 

Algunos ejemplos puntuales sirven para ilustrar la situación del gremio.

 

La patronal de Morvillo se vale de la cuarentena y las limitaciones concretas que se nos imponen a los trabajadores en términos organizativos, para atacar la organización gremial de la fábrica. La intención es crear mejores condiciones para un ajuste largamente anunciado y que en parte, con enormes límites, viene llevando adelante. No respeta los términos de esencialidad de los trabajos exceptuados de la cuarentena, no cumple rigurosamente el protocolo de seguridad e higiene acordado con los trabajadores, y abonó parcialmente los salarios del mes de marzo. Un ataque en regla.

 

El caso de Ipesa es otro ejemplo, el más extremo. La empresa aprovechó la cuarentena para anunciar el cierre. La denuncia en el ministerio de trabajo y la conciliación obligatoria no tiene mucho valor si no es acompañada por acciones, en el marco de la cuarentena, que refuercen el reclamo de reapertura y el respeto a la conciliación que la patronal desconoce. Que ningún taller imprima los trabajos de Ipesa es una medida básica y elemental que la directiva sindical tiene que garantizar.

 

En muchos talleres, Diario Popular por citar un ejemplo, se aplican suspensiones.

 

La situación de las cooperativas es alarmante. Sin producción no tienen ingresos para llevar el plato de comida a sus casas. Reclamamos un subsidio de $30mil pesos a cada trabajador que se vea privado de ingresos mientras dure la crisis sanitaria.

 

Todo esto sucede y se replica en todos los talleres del gremio mientras Amichetti firma con las patronales un comunicado lavándole la cara a las patronales.

 

Una dirección sindical impotente

 

Cuando el gobierno anunció las licencias por patologías previas y en caso del cuidado de menores, la directiva no jugó ningún rol para garantizar su estricto cumplimiento. Los delegados de las fábricas impulsados por el reclamo de los trabajadores tuvieron que lidiar con sus respectivas patronales.

 

En líneas generales, el gremio gráfico sigue siendo un terreno donde las patronales hacen y deshacen a su antojo. La pandemia puso en evidencia la incapacidad de la dirección sindical para ofrecer una alternativa obrera a la crisis.

 

Por su parte, el gobierno mostró la misma impotencia. El decreto presidencial contra despidos y suspensiones es letra muerta. Las patronales los desconocen. Incluso los 1.450 despidos de Techint fueron avalados por el Ministerio de Trabajo. Muchas empresas no pagaron el salario completo y anuncian recortes salariales. El gobierno es incapaz de enfrentar la presión de la burguesía para levantar la cuarentena.

 

El Estado debería garantizar la nómina salarial de todos los trabajadores: privados y cooperativistas. Los recursos deben salir del no pago de la deuda (el martes 31 pagó al capital financiero internacional el equivalente a 25.000 respiradores) y un impuesto a las grandes rentas y fortunas. La apertura de los libros de las empresas se tiene que colocar en esta perspectiva.

 

Las direcciones sindicales actúan de lobbistas de las patronales. Les cabe la “responsabilidad social compartida por ambas instituciones” que señala el comunicado gráfico. Los trabajadores juzgarán el grado de responsabilidad que les cabe en cuanto a los efectos de la pandemia que al día de la fecha se carga con más de 90 mil muertos en el mundo, en su mayoría pertenecientes a la clase trabajadora.

 

Los gráficos tenemos que sacar todas las conclusiones. Estamos aislados en una lucha desigual, cada uno en su taller, mientras las patronales actúan de manera conjunta. Los trabajadores necesitamos una nueva dirección

 

Nuestro programa

*Prohibición de despidos por ley, con garantía de estabilidad laboral hasta fin de año, con vigencia desde el 29 de febrero. Reincorporación inmediata de todos los despedidos.

 

*Estatización de toda empresa que cierre, garantizando su continuidad bajo control de sus trabajadores.

 

*Garantía estatal de pago integral de salarios en la cuarentena. Actualización automática de acuerdo al costo de vida. Respeto de cláusulas paritarias preexistentes.

 

*$30.000 para todos los trabajadores y trabajadoras informales, cuentapropistas, de casas de familia y desocupados. Intangibilidad de los fondos del Anses. Aumento de emergencia a jubilados y planes sociales.

 

*Centralización del sistema de salud. Ampliación de la planta del personal de salud, pase a planta de los contratados, aumento de emergencia ante la exigencia de la pandemia.

 

*No pago de la deuda externa, en dólares y en pesos, de jurisdicción local y extranjera, con excepción de los bonos en manos del Anses.

 

*Por un impuesto progresivo a las grandes rentas y fortunas. Por la nacionalización de los hidrocarburos, la banca, el comercio exterior y todos los recursos estratégicos, para afrontar la crisis en el marco de un plan económico al servicio y bajo control de los trabajadores.