En pleno horario laboral, hoy se reunió una masiva asamblea general del fuero penal convocada por la combativa Comisión Interna de Penal con el fin de tomar medidas de fuerza contra el reaccionario traspaso de la justicia nacional que impulsa el macrismo.

 

Unos 600 compañeros de los juzgados, las fiscalías, las defensorías y los tribunales coparon la planta baja del Palacio de Justicia. También participaron los compañeros de las Comisiones Internas opositoras a la Conducción (Laboral y Civil y Comercial Federal). También estuvieron compañeros del Sipreba y una adhesión por los trabajadores en lucha de AGR-Clarín fue aplaudida calurosamente por todos.

 

El gobierno nacional y el de la Ciudad firmaron el convenio de transferencia del fuero penal en plena feria judicial, es decir entre gallos y medianoches, en los días previos. Cuando ya se palpitaba que la jornada sería masiva, la directiva del Sindicato (Piumato) largó por las redes sociales un paro nacional de 24hs sin concurrencia para este viernes.

 

La asamblea, abierta por la Comisión Interna de Penal, arrancó con una moción de orden: poner a votación el paro que la Directiva del Sindicato, adelantando que la Comisión Interna estaba a favor. La votación fue por aclamación por el paro.

 

Seguidamente, se puso a consideración de la asamblea decretar el estado de asamblea permanente, a fin de elegir delegados en todos los juzgados para desarrollar el plan de lucha desde todas las oficinas como se hizo en oportunidad de enfrentar la reforma procesal penal del kirchnerismo en 2015.

 

El martes los delegados de las oficinas se darán cita para definir los pasos a seguir. Los judiciales no están dispuestos a sufrir un traspaso que implica una liquidación del salario, las condiciones trabajo y la posibilidad de que se pierdan puestos de trabajo.

 

La Direcitiva del Sindicato oscila entre la maniobra a favor del gobierno y la presión de las bases y sus conducciones de lucha. Por eso, es indispensable desarrollar un poderoso cuerpo de delegados para llevar adelante esta larga lucha desde los verdaderos afectados.

 

Es que después de firmados los convenios, los mismos deben ser aprobados por la Legislatura Porteña y el Congreso Nacional. Es decir, que se abre un frente de lucha enorme, en donde los judiciales no solo deberán enfrentar al gobierno, sino también a toda la oposición que forma parte del esquema de coalición a la carta que sostiene al gobierno en el Congreso.