En la sesión del jueves 26 de noviembre se ha obtenido media sanción al proyecto de ley de indemnización para los ex trabajadores de Gas del Estado, por el incumplimiento del pago de las acciones que estableció la privatización menemista. Se ha logrado, a muy poco de que su coordinadora se fundara y desarrollara sus asambleas y movilizaciones, siguiendo la trayectoria ejemplar de los ex trabajadores de YPF. También se incluyó en esa misma ley, a los ex trabajadores de Segba y tuvieron su media sanción proyectos similares para ex trabajadores de Agua y Energía y Petroquímica General Mosconi. Este triunfo obrero logró explotar la crisis política. La banca del PO-FIT jugó un papel decisivo, colaborando en la organización de la lucha y aportando, a partir de la experiencia con la ley para YPF, la mayor parte de las modificaciones al proyecto original, que tomaron como propias las asambleas de Buenos Aires, Comodoro Rivadavia, Caleta Olivia, Mendoza, Neuquén y Río Negro.

Nuestra diputada en Neuquén, Gabriela Suppiccich, logró, junto a los trabajadores, que se aprobara por unanimidad una comunicación de la Legislatura, en apoyo. Fresina y Dalmau, sus pares en Mendoza, también presentaron la misma iniciativa. Además, fue nuestro diputado nacional, Pablo López -aplaudido por los ex trabajadores presentes en el recinto-, el que allí, planteó la inclusión de las modificaciones que Pais (FpV, autor del proyecto) había aceptado en las comisiones. De esta manera, se ha logrado que entren los trabajadores transferidos a YPF o a Gas Residual, y los que cobraron sumas menores por juicios o pagos parciales de PPP -empresas como Metrogas, Camuzzi, Gasnor, incumplieron con la excusa de que no "lograban utilidades"- y se fija un mínimo para el importe de la indemnización, referenciado en el de la ley de YPF. Es un avance sobre el proyecto original. El PRO, la UCR y los bloques aliados boicotearon la sesión y, por otro lado, los límites a este triunfo los ha impuesto el propio FpV, porque Pais, se negó a incluir a todos los trabajadores que fueron despedidos con la privatización y a definir claramente un importe de indemnización, dejándolo en manos de Prat Gay, del PRO. De todas formas se estableció un piso de la indemnización equivalente al de la ley de ex trabajadores de YPF.

Los despidos en Gas comenzaron con una resolución ministerial del 1°/8/91 y continuaron luego de la votación de la ley de privatización con los diputruchos del 17/7/92, en las privatizadas del gas (multinacionales como British Gas, Total asociadas con grupos locales: Pérez Companc, Techint, Macri, etc.), a las que se las sigue premiando hoy en día con subsidios y tarifazos. País no quiso incluir a los despedidos con "retiros voluntarios" entre esas dos fechas, unos 1.500 trabajadores aproximadamente. Se ha valido de una de las medidas más ilegales de la vida política argentina: la ley votada con diputados falsos, para quitar derechos a los despedidos y confiscados, en claro y pleno proceso de privatización. Aún queda un tramo para lograr la sanción de la ley, en el que no podrá estar ausente la lucha de la Coordinadora para lograr sus objetivos, con la prioridad de que entren todos los compañeros.