De la Sota se tuvo que rendir: desistió de privatizar la empresa provincial de energía -Epec- ante la evidencia de que pagaría “un costo político mayor como habría sido prácticamente regalar la empresa por menos de 200 millones de dólares” (Clarín, 29/10). De la Sota partió de reclamar 600 millones, para terminar pensando en dividir la privatización para poder sacar cerca de 350 millones, pero también en esto fracasó. Lo concreto es que las empresas que habían comprado los pliegos, cuando faltaban 48 horas para abrir el sobre de las ofertas técnicas, avisaron que desistían de intervenir.

La representante del Banco Mundial, Mirna Alexander, su aliado Cavallo y la Unión Industrial Cordobesa le habían aconsejado postergar la privatización ante las evidencias de que terminaría en un fiasco, pero De la Sota insistió; en su desesperación por vender arremetió contra los trabajadores de Luz y Fuerza de Córdoba, a los que persiguió, encarceló, amenazó e insultó, esto por la evidente decisión de los trabajadores de no permitir la privatización, sostenidos en su determinación por un amplio apoyo popular, verificado en las movilizaciones y pronunciamientos. Antes de rendirse De la Sota instigó a la “Justicia” para que decretara el procesamiento de 5 miembros de la directiva de Luz y Fuerza por el supuesto fraude a la farmacia sindical. Al momento de escribir esta nota, fue detenido Juan Molina Herrera.

La tozudez de De la Sota obedece a la desesperante situación de las finanzas provinciales. El próximo año vencen 750 millones de la deuda con los bancos (el 42% del total), y no dispone de fondos para sostener el funcionamiento del Estado. La caída de la privatización de Epec entraña una derrota política extraordinaria para De la Sota y su gobierno. La “ley del Nuevo Estado” (mejor dicho, la ley privatizadora) fue aprobada provocando un terremoto político, coimeando a un senador del Frepaso, reprimiendo trabajadores y colocando a la provincia al borde de la huelga general, y todo esto por prácticamente nada: la entrega (lo único hasta ahora privatizado) del Banco Provincia al Banco General de Negocios (asociado al lavado de narcodólares) está significando una pesada carga financiera para la provincia.

Ahora Epec, íntegramente estatal y bajo control de los trabajadores

Al desistir de la privatización, el gobierno provincial pretende ahora avanzar en la tercerización de la empresa y la liquidación del convenio colectivo de trabajo, uno de los objetivos de la privatización. Al anunciar que desistían de la privatización, el ministro de Obras Públicas y mano derecha del gobernador, Caserio, anunció que los trabajadores debían “colaborar” renegociando el convenio.

Epec fue la caja negra del radicalismo durante casi 25 años; hay una historia de crímenes ligados a este manejo (Maders). Su situación es el resultado de negociados dirigidos por el Ejecutivo provincial. ¡No hay que aceptar ningún chantaje! Que se abran los libros y que Epec quede bajo control de los trabajadores, que se estatice todo lo que se ha privatizado (usinas, etc.), que se liquiden las tercerizaciones, que se reincorpore a los compañeros “retirados” de la empresa y que se mantengan todas las conquistas obreras y el convenio colectivo de trabajo.