Ha comenzado el debate sobre la expropiación de la fábrica Grissinópoli en la Legislatura. La novedad es que el Gobierno de la Ciudad ha venido con una propuesta que renuncia a cualquier forma de expropiación y que declara a los bienes de la empresa sujetos a “ocupación transitoria” por dos años.

A diferencia de las leyes aprobadas para Ghelco y Chilavert, que establecen la expropiación parcial y sujeta a indemnización de la empresa (la parte menor, las maquinarias y bienes muebles), el proyecto en cuestión deja la totalidad de los activos en manos de los antiguos dueños o de sus acreedores, bajo el arbitrio del juez y del síndico, que administran el juicio de quiebra (o quedarán en manos del grupo especulador inmobiliario en caso de que prospere el cramdown). En lugar de una indemnización, los dueños pasan a recibir, a través de la ocupación transitoria, un alquiler mensual a cargo del Estado (quien, a su vez, cede en comodato las instalaciones a los trabajadores). Es decir, la patronal tiene asegurada una renta mensual – no así los trabajadores cuya situación es absolutamente precaria – , por activos que se encuentran desvalorizados y que habrían sido liquidados a precios de remate. Esto vale, en especial, para las maquinarias, cuyo valor comercial, como activo por separado, se reduce a la condición de chatarra.

Si los obreros logran sacar a flote a la empresa, los activos se habrán revalorizado y con eso las posibilidades de los dueños de negociarlos. Un éxito eventual de la gestión obrera terminaría convirtiéndose en una fuente de desdicha, pues los trabajadores le pagarían a la patronal ese mayor valor comercial.

El gobierno sostiene que no tiene dinero para expropiar pero la “ocupación transitoria” premia a los capitalistas vaciadores con un rédito inédito, el alquiler, muy superior al que se habría obtenido en el mercado. Estamos en presencia, por lo tanto, de un despilfarro de los fondos públicos.

La Legislatura seguramente avalará con el voto el nuevo planteo de Ibarra, argumentando que los obreros quedarán protegidos de este modo contra cualquier desalojo. Se trata de una extorsión. Si bien el gobierno ha debido ceder frente a la presión obrera, se ha tomado el cuidado, a cambio de ello, de recompensar generosamente a los dueños.

El PO seguirá impulsando, ante las limitaciones del nuevo proyecto, el objetivo de la expropiación sin pago y la gestión obrera, por medio de la unión de todas las empresas ocupadas y su fusión en la lucha con el movimiento piquetero y las asambleas.