Las obras sociales son la caja negra de la burocracia sindical de todas las tendencias. Las patronales y los gobiernos encubren y hasta alientan este saqueo burocrático de las cajas.

En el juicio por el desvío de fondos del crédito de 300 millones, otorgado por el Banco Mundial en 1996, para el “saneamiento” de las obras sociales, hay 500 burócratas engrampados. “Gordos”, moyanistas, barrionuevistas, “independientes” y hasta “alternativos”, todos metieron las manos en la masa y dejaron huellas. El peritaje realizado por el cuerpo de contadores de la Corte Suprema a pedido del juez Oyarbide dejó en claro que hay “semiplena prueba” para procesarlos a todos por el desvío de fondos. Naturalmente, esos desvíos no podrían haber pasado sin la connivencia y la complicidad de los funcionarios encargados de auditar la utilización de los fondos.

Tampoco faltan pruebas en el juicio que involucra a Jorge Viviani en el desvío de medio millón de pesos de la obra social de los taxistas. La AFIP descubrió la existencia de empresas “fantasmas” que cobraban cheques de la obra social pero no tenían empleados, no registraban pagos de impuestos ni tenían movimientos bancarios.