Sindicales

24/12/1998|613

¿Hasta cuándo deben seguir muriendo los obreros?

El estallido de un gasoducto de la empresa Transportadora de Gas del Norte (TGN) en la zona de Las Mesitas, departamento de Güemes (Salta), provocó la muerte de 9 obreros y otro quedó mal herido. Todos eran oriundos de la ciudad de San Pedro, Jujuy, y trabajaban para la empresa Techint. Eran jóvenes, la mayoría casados, con hijos.


La justicia caratuló de entrada el caso como homicidio culposo por explosión de gas e investiga la responsabilidad de la empresa Transportadora de Gas del Norte. Una inspección posterior de Enargas, el Ente Nacional Regulador del Gas, señaló que “la Empresa Transportadora de Gas del Norte se habría manejado con imprudencia y negligencia” (La Gazeta, 16/12). Simultáneamente, el juez de la causa agravó la calificación al referir las muertes como producto de las consecuencias provocadas por el incendio u otros estragos por negligencia, imprudencia o inobservancia de los reglamentos. Con la vieja carátula se prevén penas máximas de tres años de prisión para los responsables; con la nueva, la posible condena máxima puede llegar hasta los cuatro años. La intervención del gobierno nacional ha sido la de poner paños fríos y minimizar el hecho. Para el secretario de Energía, César Mac Karthy, “el accidente debe ser considerado como un hecho aislado y que en los últimos 10 años no se registraron accidentes que hayan entrañado daños a personas en una red de ductos de más de 11.000 Km” (La Gaceta, 18/12).


Mientras se va preparando el terreno para que este nuevo crimen capitalista quede en la impunidad, en Jujuy comenzaron a llover denuncias sobre la construcción de dos gasoductos paralelos: el Atacama y el Norandino. Así surgieron a luz los peligros que entrañan estas construcciones: “no existen condiciones mínimas para las obras, ya que pasan por zonas sísmicas y a lo largo de su trazado ambos ductos carecen de detectores sísmicos y de fuga de gas que las normas de prevención establecen … y que uno de ellos atraviesa el río Grande, que es aluvional y durante todos los veraneos crece en forma desproporcionada y corta los caminos que llevan al norte” (La Gaceta, 14/12). También fueron denunciadas estas obras por el impacto ambiental y la violación a la protección de normas arqueológicas y la indiferencia demostrada por la provincia (de Jujuy) en el pago de la servidumbre de paso (ídem). Algunos legisladores jujeños declararon que estas denuncias nunca fueron contestadas por Energas.


Otra denuncia, esta vez por el grupo Greenpeace en marzo del ‘98, señalaba el carácter irracional de la construcción del gasoducto (el Atacama y el Norandino) “que parten de la misma región, hacia idéntico destino y con igual propósito” (La Gaceta, 13/12), destacando que con un solo gasoducto se puede cumplir con el abastecimiento del Sistema Interconectado del Norte de Chile, que es hacia donde irá el gas, pero que dos empresas se jugaron a la construcción de los gasoductos con la esperanza de que alguno abandonara el emprendimiento. Como eso no ocurrió, ahora se ha duplicado el daño ecológico y ambiental y los peligros existentes por la precariedad en su construcción.


La búsqueda de superbeneficios por parte de los pulpos capitalistas es la fuente de todos los desastres que está multiplicando las muertes de obreros y los daños destructivos del medio ambiente y de la biodiversidad en todo el planeta.